La administración de Joe Biden está considerando otorgar el estatus legal y permisos de trabajo a cientos de miles de inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país y que están casados con ciudadanos estadounidenses.
Según publicó The Wall Street Journal (WSJ), este movimiento se ha estado debatiendo intensamente dentro de la Casa Blanca desde el verano pasado y busca apoyar a familias de estatus mixto, en las cuales típicamente uno de los padres y los hijos son ciudadanos estadounidenses.
Según estimaciones de la organización de defensa de la reforma de la inmigración, Fwd.us, existen aproximadamente 1.1 millones de inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses que podrían beneficiarse de esta medida. Las infracciones que impiden a estos cónyuges calificar para tarjetas de residencia o green cards varían, y a menudo son el resultado de acciones como entrar al país ilegalmente más de una vez o usar documentación legal falsificada.
La Casa Blanca está estudiando utilizar una herramienta de inmigración conocida como “parole in place”, una medida que ya existe en una versión menor para cónyuges indocumentados de veteranos militares, lo que haría a muchos de estos cónyuges inmediatamente elegibles no sólo para permisos de trabajo sino también, potencialmente, para un camino hacia la ciudadanía al limpiar los escollos administrativos que actualmente les impiden recibir tarjetas de residencia.
“Si hay algún tipo de programa, nos da una sensación de seguridad personal de que ICE no aparecerá en nuestra puerta en cualquier momento”, expresó al Wall Street Journal, Allyson Batista, quien ha estado abogando por esta causa desde 2010 tras el fallido intento de patrocinar a su esposo para una tarjeta de residencia.
Los republicanos han expresado su oposición a tales movimientos, considerándolos una afrenta a la ley de inmigración. El representante Republicano por Ohio Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara, que supervisa los asuntos de política de inmigración, criticó severamente estas acciones administrativas, señalando que “la administración Biden sigue poniendo a los ilegales por delante de los ciudadanos estadounidenses”, y esta decisión sería solo otra violación flagrante de la ley de inmigración.
Una decisión electorera
El tema de la inmigración, siempre polémico y más aún en el contexto de las elecciones presidenciales, ha llevado a los asesores políticos de Biden a buscar una postura que contraste con las políticas más duras de Donald Trump, incluidas una orden ejecutiva que se espera reduzca drásticamente las entradas ilegales por la frontera sur. “La administración sigue comprometida en asegurar que aquellos elegibles para alivio lo reciban rápidamente y en construir un sistema de inmigración más justo y humano”, comentó un portavoz de la Casa Blanca.
La administración Biden ha enfrentado presiones crecientes tanto de grupos empresariales como de alcaldes de grandes ciudades para lanzar un programa de alivio a gran escala que ayude a las familias de estatus mixto.
La posibilidad de que el mandatario de 81 años concrete una medida tan significativa antes de las elecciones es vista como una oportunidad para marcar una diferencia similar al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) de la administración Obama, el cual otorgó permisos de trabajo y protección contra la deportación a más de 800.000 jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como Dreamers.
Las reuniones entre defensores de los derechos de los inmigrantes, líderes empresariales, y funcionarios de la Casa Blanca, incluidos Tom Perez y Neera Tanden, y la participación del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, subrayan el nivel de compromiso y la seriedad con la que se está abordando este tema.
Con menos de 700.000 de los 1.1 millones de cónyuges indocumentados potencialmente elegibles para el programa propuesto, según estimaciones de los defensores, la importancia y el impacto de tal acción podría ser enorme para miles de familias en todo el país.
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