La legislatura estatal de la Florida aprobó una de las leyes de aborto más restrictivas de todo el país, y el gobernador Ron DeSantis ya la firmó -además de apoyarla públicamente-. A partir del 1 de julio entrará en vigor la nueva legislación que prohibe los abortos en el estado después de las seis semanas de embarazo, a excepción de que se trate de un caso de violación o incesto. Pero de ser así, la mujer deberá presentar un reporte médico o policial que avale que se trata de una violación o un incesto.
La única otra excepción contemplada por la ley es que la vida de la madre esté en riesgo, pero para que eso ocurra dos médicos deben firmar una declaración acordando que hay riesgo de muerte para la madre y que por eso se requiere terminar el embarazo. En caso de una emergencia en la que solo haya un médico disponible, este debe certificar por escrito que se hace responsable por no haber otro profesional. Además, las enfermedades mentales no cuentan como un factor de riesgo para la necesidad de un aborto.
Florida se convierte así en solo uno de una docena de estados en el país donde los abortos después de las seis semanas de embarazo están prohibidos. Organizaciones a favor del derecho al acceso al aborto en todo el país están catalogando estas leyes como una prohibición total de los abortos, alegando que la mayor parte de las mujeres no saben siquiera que están embarazadas las primeras seis semanas.
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En casos de violación o incesto, cuando la mujer se presenta a su cita para un aborto debe llevar consigo una copia de una órden de restricción contra la persona que la atacó, un reporte policial, documentación de la corte o un reporte médico que establezca lo ocurrido en el caso. Su sola palabra no es considerada prueba suficiente.
En el tercer trimestre se permitirán los abortos unicamente en los casos que dos profesionales médicos certifiquen que el feto no creció o que tiene una anomalía que hace su vida fuera del útero inviable.
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En caso de que un médico prescriba pastillas abortivas, solo puede entregarlas en persona y las mismas no pueden ser recetadas mediante una consulta en videollamada. Queda prohibido en el estado la distribución de pastillas abortivas por correo.
Quienes no cumplan con estas reglas enfrentan la posibilidad de ser encontrados culpables de una felonía en tercer grado, que son cargos penales.
La ley ya está siendo disputada en la Justicia, pero no se sabe cuándo tomará una decisión al respecto al Corte Suprema de la Florida. El caso puede demorar años.
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