Esta es la norma de la FIFA que permite al Atlético de Madrid denunciar al FC Barcelona por el ‘caso Julián Álvarez’

Julián Álvarez terminó el partido ante Austria y se plantó ante los micrófonos de ESPN con un mensaje claro: “Lo mejor para todos es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño”. Eran poco más de las once de la noche en Dallas y la bomba ya había estallado en Madrid.

El club rojiblanco no tardó en responder. Fuentes del club explicaron a EFE que se estudia seriamente presentar una denuncia ante la FIFA contra el FC Barcelona por intentar fichar al delantero argentino sin su permiso. El motivo: Julián Álvarez tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030, y el Atlético de Madrid acusa al club catalán de haberle contactado a sus espaldas.

Lo que está en juego no es menor. El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA contempla sanciones severas para los clubes que actúen como lo denuncia el Atlético, y también para el propio jugador.

Qué dice el reglamento FIFA

La normativa de la FIFA, recientemente actualizada, es clara: si se puede establecer, según el principio de ponderación de probabilidades, que un club indujo a un jugador a romper su contrato durante el denominado “periodo protegido”, ese club recibirá la prohibición de inscribir nuevos jugadores —a nivel nacional e internacional— durante dos mercados de fichajes consecutivos.

Ese periodo protegido varía según la edad del jugador en el momento de firmar el contrato. Julián Álvarez llegó al Atlético procedente del Manchester City en el verano de 2024 con 24 años, por lo que, al haber firmado entre los 23 y los 28 años, su periodo protegido es de tres temporadas completas o tres años (lo que concluya antes). Todavía está dentro de él.

La FIFA añade además una presunción que puede resultar clave en este caso: si un jugador firma un nuevo contrato en los 45 días posteriores a una ruptura del suyo, se entenderá automáticamente que el nuevo club le indujo a romperlo. Esa presunción solo puede revertirse si el club acusado demuestra, ante el Tribunal del Fútbol, que no hubo inducción.

Las consecuencias para el jugador

El reglamento no solo apunta a los clubes. El futbolista que rompa su contrato durante el periodo protegido se enfrenta a una sanción deportiva de cuatro meses sin poder jugar en partidos oficiales, que entraría en vigor en el momento de ser notificado. En caso de circunstancias agravantes, esa restricción puede ampliarse a seis meses.

En cuanto a la indemnización económica, el reglamento establece que el conjunto colchonero recibiría una compensación íntegra por los daños causados. En el cálculo entrarían el valor de los servicios del jugador, la pérdida del valor de transferencia, los costes de sustitución y cualquier otro perjuicio derivado. Y por principio, tanto el club como el jugador recibirían como mínimo una cantidad equivalente al valor residual del contrato roto, salvo en circunstancias extraordinarias. Por otra parte, si la FIFA apreciara una conducta abusiva, el reglamento contempla adicionalmente un pago por penalización de hasta seis meses de sueldo del jugador.