
El sindicato Jupol ha exigido este viernes a la Dirección General de la Policía el abono de una productividad extraordinaria de 100 euros diarios para todos los agentes que participan en el dispositivo policial desplegado en la isla de El Hierro ante la llegada de cayucos, en condiciones análogas a las que ya se aplican en la plantilla desplazada a Ceuta.
La organización sindical ha trasladado esta reclamación formal al Consejo de Policía mediante un escrito en el que pone de manifiesto las "extraordinarias" condiciones de trabajo que están soportando los agentes destinados en la isla y aquellos que están siendo desplazados desde otras plantillas para hacer frente a una situación que "ha desbordado por completo los recursos policiales disponibles".
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Según los datos recogidos por Jupol, durante la primera quincena de noviembre han llegado más de 10.000 inmigrantes irregulares a la isla de El Hierro, con jornadas en las que se han alcanzado cifras de hasta 1.300 llegadas diarias, "una situación que está provocando la saturación del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y que obliga a mantener dispositivos extraordinarios de recepción, custodia, identificación y tramitación de los inmigrantes".
Por ello considera que este escenario exige un "reconocimiento económico específico" para los policías nacionales que están asumiendo una carga de trabajo "extraordinaria, en unas condiciones de especial penosidad y con una presión operativa muy superior a la habitual".
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DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS Y PERJUICIO A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR
El sindicato denuncia que la insuficiencia de efectivos ha obligado a desplazar a numerosos policías nacionales desde otras plantillas, tanto centrales como periféricas, llegando incluso a realizarse comisiones de servicio forzosas ante la imposibilidad de cubrir las necesidades del dispositivo exclusivamente con personal voluntario, detalla en una nota.
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Estos desplazamientos se están produciendo, en muchos casos, sin previsión suficiente y sin apenas margen de organización para los agentes afectados, que reciben órdenes de incorporación inmediata y desconocen durante cuánto tiempo tendrán que permanecer fuera de sus destinos habituales.
Esta situación, avisa, "genera importantes perjuicios para la conciliación personal, familiar y laboral de los policías, que deben reorganizar sus vidas de manera imprevista para atender unas necesidades operativas derivadas de la falta de planificación y de previsión de efectivos por parte de la Administración".
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TRABAJAR EN EL HIERRO PUEDE COSTAR DINERO A LOS POLICÍAS
A estas circunstancias se añade el problema de unas dietas oficiales que Jupol considera "completamente desfasadas" y que, en muchos casos, no permiten cubrir los gastos reales de alojamiento y manutención.
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Las cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio permanecen sin una actualización adecuada desde 2005, acumulando, según los datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos en el escrito sindical, un déficit del 53,7% respecto a la evolución del IPC.
Esta situación resulta especialmente grave en territorios insulares y zonas turísticas, donde los precios del alojamiento y la manutención pueden alcanzar importes muy elevados, señala.
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QUE LAS DIETAS SE ADELANTEN
Desde Jupol consideran "inadmisible" que un policía nacional tenga que asumir con su propio patrimonio los costes derivados de un desplazamiento impuesto por necesidades del servicio.
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"No se puede exigir a los policías nacionales que abandonen sus hogares, se incorporen de manera inmediata a un dispositivo extraordinario y soporten jornadas de enorme presión operativa para, además, tener que poner dinero de su bolsillo para poder trabajar. La Administración debe asumir su responsabilidad y garantizar unas condiciones económicas dignas", señalan desde la organización sindical.
Asimismo, reclama el adelanto de las dietas a través de la 'caja pagadora' de la Comisaría Provincial, evitando que los agentes tengan que adelantar dinero de su patrimonio personal, la exención de aportar justificantes de alojamiento, conforme a lo previsto en la disposición adicional décima del Real Decreto 462/2002, la autorización excepcional para incrementar las cuantías de las dietas hasta cubrir los gastos reales ocasionados por el desplazamiento, al amparo del artículo 11.1 del citado Real Decreto y que, en los casos de designación forzosa de efectivos, se respeten los criterios y garantías previstos en la normativa aplicable, tomando como referencia el artículo 64.2 del Real Decreto 364/1995.
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Desde Jupol insisten en que "la crisis migratoria de Canarias no puede convertirse en una nueva situación de precariedad para los policías nacionales, que están respondiendo con profesionalidad y compromiso a una emergencia que requiere recursos humanos, materiales y económicos suficientes".
En su opinión, "los policías nacionales no pueden ser siempre quienes paguen las consecuencias de la falta de previsión de la Administración, si se exige un esfuerzo extraordinario a los agentes, ese esfuerzo debe tener un reconocimiento económico extraordinario, no vamos a permitir que trabajar en un dispositivo de estas características suponga un perjuicio económico y familiar para quienes están garantizando la seguridad y atendiendo esta emergencia".
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