
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Athanasios Rantos, ha emitido un dictamen que cuestiona uno de los argumentos centrales utilizados por el Gobierno español y la Comisión Europea para obstaculizar el cumplimiento de los laudos arbitrales, como es la consideración de que las indemnizaciones reconocidas a los inversores constituyen ayudas de Estado que serían incompatibles con las reglas del mercado interior europeo.
En concreto, el pronunciamiento, publicado este jueves, se refiere formalmente a un procedimiento relacionado con Rumanía, conocido como 'caso Micula', y sostiene que reparar económicamente el perjuicio sufrido por un inversor tras un cambio regulatorio no equivale automáticamente a conceder una subvención incompatible con el mercado interior, además de defender que esta distinción jurídica resulta plenamente aplicable a los tribunales arbitrales internacionales, según han informado en fuentes de los fondos acreedores que adquirieron los derechos de representación y de cobro contra España por el recorte de las primas de las renovables.
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Este dictamen, no vinculante, podría suponer así un revés para la estrategia jurídica del Gobierno español, que invocó expresamente la jurisprudencia del 'caso Micula' para bloquear el abono de cerca de una treintena de condenas por los recortes retroactivos a las primas renovables, cuya factura pendiente asciende ya a 2.367 millones de euros.
Asimismo, el letrado europeo desestima el recurso de casación adhesiva presentado por España en este procedimiento, rechazando la tesis de que los inversores carecen de interés legítimo para impugnar ante la justicia comunitaria las decisiones de Bruselas que bloquean la ejecución de sus laudos.
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Además, las mismas fuentes han considerado que el pronunciamiento pone en entredicho la decisión de marzo de 2025 con la que la Comisión Europea prohibió a España abonar los 101 millones de euros correspondientes al 'caso Antin', al basarse directamente en el precedente rumano que el abogado general pide ahora revocar mediante la anulación de su artículo 1.
De igual modo, el razonamiento del letrado europeo Rantos proyecta dudas sobre la investigación formal abierta por Bruselas el pasado agosto contra el pago de 32,95 millones realizado por España a la firma japonesa JGC Holdings, lo que sugiere que la controversia excede el ámbito comunitario y podría validar dicho desembolso.
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Para los fondos acreedores, las conclusiones también debilitan la posición española en los procesos de embargo y ejecución forzosa abiertos en jurisdicciones extracomunitarias como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Singapur, donde el Ejecutivo se amparaba en la prohibición de Bruselas para intentar frenar las reclamaciones de los acreedores.
De esta manera, tras este dictamen, corresponderá ahora a los jueces del TJUE dictar la sentencia definitiva que determinará si cae de forma permanente uno de los principales pilares legales empleados por España para eludir el cumplimiento de los laudos arbitrales.
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