
El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la condena por injurias graves al periodista Alfonso Loaiza al considerar que ha sido vulnerado su derecho de libertad de expresión tras la decisión de un juzgado de lo Penal de Madrid que le condenó a la pena de multa de 2.100 euros por tres 'tuits' que divulgó sobre la muerte en la calle de un migrante que se dedicaba a la venta ambulante.
Según ha comunicado el órgano de garantías, el Pleno ha estimado el recurso de amparo de Loaiza en una resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez, en la que anula la sentencia así como la ratificación de la Audiencia Provincial de Madrid. El fallo ha contado con los votos discrepantes de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.
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El Constitucional ha considerado que los mensajes del periodista suponían un "ejercicio de la libertad de crítica en un debate de interés público sobre políticas del Estado en materia de inmigración" y que no ofendían el honor de persona alguna, sino que se referían al Estado y a la Policía.
El periodista Alfonso Loaiza fue condenado por un juzgado de lo Penal de Madrid el 12 de octubre de 2021 por la publicación de varios mensajes en redes sociales el mismo día del fallecimiento del ciudadano senegalés Mame Mbaye en Madrid, el 15 marzo de 2018.
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En la publicación, el periodista escribió: "Orgullo de manteros concentrados en Lavapiés. Hoy ha muerto Mmame Mbaye cuando era perseguido por la policía. Su único delito: carecer de unos papeles. No se ha muerto solo ni es una muerte natural, es un asesinato y es culpable el Estado policial español (...)". Asimismo, sostuvo que "la Policía" lo había "asesinado" y que para el Estado "no era un ser humano".
EL MENSAJE NO DABA UNA NOTICIA, OPINABA
El Pleno ha estimado que las resoluciones impugnadas vulneraron el derecho a su libertad de expresión y señala que las distintas resoluciones "erraron al identificar la libertad de información como el derecho ejercido por el demandante, en vez de entender que, en atención al texto y al contexto del mensaje, el derecho que estaba en juego era la libertad de expresión que no está sometida a canon de veracidad".
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El Tribunal Constitucional ha constatado que en los mensajes por los que fue condenado el demandante de amparo el elemento predominante "no es la narración de un hecho", sino la emisión "de una opinión sobre la política represiva del Estado en materia migratoria, interviniendo con ello en el debate público sobre la cuestión".
En segundo lugar, el TC destaca que las sentencias no valoraron que el mensaje suponía un ejercicio de la libertad de crítica en un debate de interés público sobre políticas del Estado.
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En este sentido, el Constitucional defiende que el mensaje de Loaiza "no ofrecía noticia del hecho", sino "opinión y juicio de valor", para contextualizar el suceso y otorgarle sentido a partir de la condición del fallecido como "migrante pobre", "objeto de persecución policial en razón de sus rasgos étnicos" y su dedicación a la "venta ambulante clandestina".
CONDENADO POR INCUMPLIR EL DEBER DE COMPROBAR LA VERACIDAD
Ante estas manifestaciones, el juzgado de lo Penal justificó la condena en varios razonamientos --explica el TC-- como el incumplimiento por el recurrente del deber de cerciorarse como periodista de la veracidad de la información que transmitía, deber del que no estaba exento por el hecho de comunicar por una red social.
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El juzgado de Madrid también expuso que con las afirmaciones del periodista se incurría en una "injuria objetiva" al atribuir el asesinato a la Policía en detrimento del prestigio de su función, proferida con "temerario desprecio a la verdad", porque después se conoció que la muerte del migrante fue natural.
Asimismo, calificó de innecesaria la injuria para la formación de la opinión pública y alegó que el periodista podría haber sido más reflexivo al tener una mayor distancia emocional y física por no residir en el barrio, sino en Barcelona.
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Finalmente, justificó la condena en no existir desproporción al imponerse una pena de naturaleza pecuniaria y no privativa de libertad, sanción que "estimaba necesaria para el mantenimiento del orden democrático", según la nota.
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