Podemos quiere suprimir la Audiencia Nacional y exigir avales ciudadanos para aspirar al CGPJ y al TC

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Podemos propone en su programa electoral a los comicios del 29N la supresión de la Audiencia Nacional, prohibir las infiltraciones policiales en movimientos sociales, crear un nuevo delito para castigar las 'cloacas' del Estado, e implantar de forma progresiva cámaras corporales a los agentes, especialmente los que participen en dispositivos relacionados con el orden público.

La candidatura que encabeza la eurodiputada Irene Montero plantea una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) para, tal y como defiende, democratizar ambas instituciones al poner el requisito de disponer de avales ciudadanos para ser aspirante a las dos instituciones.

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Por ejemplo, los morados insisten en su propuesta de rebajar la mayoría parlamentaria de tres quintos para elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, habilitando la opción de nombrarlos por mayoría absoluta y con el concurso de al menos la mitad de los grupos parlamentarios con el objetivo de evitar bloqueos.

ASPIRA A LA ELECCIÓN DIRECTA DE LOS JURISTAS DEL TC Y DEL CGPJ

Podemos pauta también el cese automático de los magistrados del Constitucional y los miembros del CGPJ cuando termine su mandato e incluso aspira en el futuro a disponer de una mayoría suficiente para acometer un cambio en la Constitución basado en la elección directa de los juristas de ambos órganos.

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Mientras ese cambio no se produzca, el partido morado aboga por ampliar la participación en la presentación de candidaturas mediante avales ciudadanos y comparecencias públicas. También promete que los nombramientos discrecionales respeten los principios de mérito, capacidad, transparencia y paridad de género.

Aparte, aspira a elevar la rendición de cuentas del Poder Judicial y "reforzar" el régimen disciplinario de las carreras judicial y fiscal "para acabar con su carácter corporativo" y "garantizar que jueces y fiscales respondan por los abusos y daños que causen en el ejercicio de sus funciones". Para ello, plantea recuperar la responsabilidad patrimonial de los jueces por "mala praxis".

También quiere obligar a que los jueces publiquen una declaración de bienes y actividades como hacen los diputados, incluyendo sus ingresos y actividades ajenas a la función judicial, sobre todo lo relacionado con cursos de formación y preparación de oposiciones.

Podemos propone la supresión de la Audiencia Nacional y redistribuir sus competencias entre los órganos de jurisdicción ordinaria, al sostener que es necesario superar las estructuras judiciales herederas de la Transición para avanzar hacia una "justicia plenamente democrática".

En este sentido, alega que la Audiencia Nacional fue creada en 1977, en el "contexto de la disolución del aparato jurisdiccional franquista y heredera de algunas de las competencias que había ejercido el Tribunal de Orden Público".

CASTIGAR LAS CLOACAS DEL ESTADO Y DESPENALIZAR EL CANNABIS

Por otro lado, la candidatura de Irene Montero se compromete a acabar con las cloacas del Estado y prohibir la infiltración policial en movimientos sociales.

De hecho, plantea crear un nuevo delito de "uso de estructuras y recursos de seguridad del Estado para delinquir, con penas agravadas por el uso de recursos públicos para cometer delitos y perseguir a adversarios políticos o movimientos sociales". Unido a ello, aprobará un régimen sancionador para agentes implicados en estas prácticas, incluida la expulsión del Cuerpo si corresponde.

A su vez, garantiza que los agentes policiales deberán llevar un número de identificación perfectamente visible e implantarán progresivamente cámaras corporales y sistemas de grabación en los vehículos policiales, "con especial prioridad para las intervenciones de mayor riesgo y los dispositivos de orden público".

ELIMINAR LA PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE LOS AGENTES POLICIALES

Podemos también incluye entre sus medidas programáticas una propuesta icónica como derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', y promoverá una nueva regulación "garantista que proteja la libertad de expresión, reunión y manifestación". También pauta la prohibición del uso de pelotas de goma como método de contención.

Asimismo, se compromete a eliminar de toda la legislación la presunción de veracidad de los atestados y de las declaraciones de los agentes, que a su juicio "muchas veces se utiliza como única prueba para perseguir a los movimientos sociales".

Mientras, la formación morada aspira a la despenalización del cannabis y la legalización de su uso con fines medicinales y recreativos. Argumenta que la legalización de esta sustancia servirá para "reducir la criminalidad, garantizar la salud de la población y aumentar la recaudación de impuestos".

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