
Podemos quiere incluir en la Constitución el 'No a la guerra' y que se adopte un Estatuto de neutralidad para que España mantenga una postura de no alineamiento en su política exterior, además de sacar al país de la OTAN si gana en las elecciones del próximo 29 de noviembre y revertir el gasto en defensa.
Así consta en su programa electoral que, bajo el título 'Así de básico: paz, casa y trabajo', ha presentado el partido que encabeza Irene Montero, en el que reconocen que "el mundo atraviesa una profunda transformación geopolítica" y admiten que "se impone una nueva lógica de bloques, militarización y confrontación que amenaza con arrastrar al mundo a una espiral de violencia".
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De llegar al Gobierno, se comprometen a promover "una reforma de la Constitución española para incorporar el rechazo expreso a la guerra como principio fundamental de la política exterior y de seguridad" de España.
Además, dicen que impulsarán "la aprobación de un Estatuto de Neutralidad que sitúe la paz, la soberanía de los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos en el centro" de la política exterior.
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El objetivo del mismo, explican en el programa electoral consultado por Europa Press, es fijar "una política de no alineamiento con los bloques militares, que impida la participación de España en guerras de agresión" y rechace el uso del territorio español "como plataforma para intervenciones militares imperialistas".
Asimismo, los 'morados' dicen que si ganan impulsarán "la salida de España de la OTAN mediante la denuncia del Tratado del Atlántico Norte" y pondrán fin a la presencia de Estados Unidos a través de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla).
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También expresan su "rechazo al objetivo de la OTAN de elevar el gasto militar al 5% del PIB en 2035", asegurando que defenderán "una política exterior basada en la paz, la diplomacia y la cooperación internacional, priorizando la inversión en derechos sociales frente al rearme".
PROMETEN REVERTIR EL AUMENTO DEL GASTO EN DEFENSA
Al hilo, Podemos promete que revertirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "el mayor aumento del gasto militar de la historia de la democracia, destinando esos recursos a financiar los servicios públicos, el derecho a la vivienda y la paz", tras denunciar que en 2025 el gasto militar aumentó un 50% hasta alcanzar los 34.200 millones de euros.
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A partir de esta reducción, añaden, procederán a congelar el gasto militar durante toda la legislatura, admitiendo únicamente "incrementos destinados a mejorar los salarios, las condiciones laborales y el alojamiento de la tropa".
Por otra parte, los de Irene Montero aseguran que garantizarán "el control parlamentario y la transparencia de todo el gasto militar". Para ello, dicen que incluirán en los PGE "un desglose detallado de todas las partidas destinadas a defensa, así como de cualquier modificación de crédito que las afecte, incluidas las financiadas con cargo al Fondo de Contingencia, que deberá contar con la aprobación previa del Congreso".
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Además, añaden, "la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) remitirá mensualmente a las Cortes Generales información sobre la ejecución de estas partidas, que se publicará también en el BOE" y se procederá a auditar "todos los Programas Especiales de Armamento (PEA) para conocer su coste real, sus compromisos financieros y su impacto en las cuentas públicas".
Igualmente, sostienen que "el Gobierno deberá informar al Congreso antes de aprobar nuevos programas y comunicar cualquier modificación, reprogramación o renegociación de los existentes".
Por último, precisan que "las operaciones militares en el exterior contarán desde el inicio con una dotación presupuestaria suficiente, calculada a partir del gasto real de ejercicios anteriores y de las previsiones de actividad, poniendo fin a su financiación sistemática mediante créditos extraordinarios con cargo al Fondo de Contingencia".
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En otro orden de cosas, los 'morados' se comprometen a excluir de la contratación pública a empresas vinculadas a las vulneraciones de Derecho Internacional o que contribuyan, impidiendo a las administraciones públicas que contraten a entidades "implicadas en crímenes internacionales o que contribuyan materialmente a su comisión".
Para ello, impulsarán "mecanismos de diligencia debida para identificar a las empresas beneficiarias, sus filiales y sus vínculos con actividades que puedan vulnerar el Derecho Internacional".
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