Redacción Medioambiente, 17 nov (EFE).- Las organizaciones OceanCare y ClientEarth han solicitado formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) la reclasificación de las subpoblaciones mediterráneas de cachalote y rorcual común de la categoría de "vulnerable" a la de 'peligro de extinción' en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), de acuerdo a los compromisos internacionales firmados por España.
Según las organizaciones internacionales, el cachalote (Physeter macrocephalus) y el rorcual común (Balaenoptera physalus) figuran actualmente en la normativa española como "vulnerables", sin distinguir entre las poblaciones del Atlántico y las del Mediterráneo.
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"Ambas especies en el área mediterránea están en claro declive", subrayan en un comunicado.
Recuerdan que la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad obliga a aprobar, en un plazo máximo de tres años, un plan de recuperación para cada especie catalogada 'en peligro de extinción', con las medidas necesarias para su recuperación y, en su caso, la designación de áreas críticas.
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Al ser especies marinas, explican, esta responsabilidad corresponde al Miteco.
Según las organizaciones, el número de rorcuales comunes en el Mediterráneo ha caído casi a la mitad, de "unos 3.500 ejemplares en los años noventa a alrededor de 1.800 en 2018-2019", de acuerdo al censo del Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS, por sus siglas en inglés).
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Sobre la población mediterránea de cachalotes, añaden, se estima entre 500 y 5.000 ejemplares, de los que solo entre 250 y 2.500 serían adultos.
OceanCare y ClientEarth sostienen que en 2021 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) elevó la subpoblación mediterránea del rorcual común a la categoría "en peligro de extinción" en su Lista Roja, la misma en la que ya figuraba desde 2012 el cachalote del Mediterráneo.
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Una evaluación, aseguran, que fue refrendada íntegramente por el Comité Científico de ACCOBAMS, que en 2022 aprobó una resolución instando a sus partes, entre ellas España, a actualizar en consecuencia sus listas rojas nacionales.
Ambas ong sostienen que el propio Ministerio de Transición recogió en las nuevas medidas del segundo ciclo de las Estrategias Marinas (2018-2024) la inclusión en el CEEA del cachalote mediterráneo en la categoría "en peligro de extinción".
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A pesar de todo ello y de que, tras una queja presentada por OceanCare, ACCOBAMS instó en noviembre de 2025 a España a hacer la revisión en virtud de los compromisos firmados, aún no se ha realizado el cambio de categoría.
Francesco Maletto, abogado de conservación marina de ClientEarth, apunta que España ha asumido compromisos internacionales en el marco de ACCOBAMS, pero "falta que el ordenamiento español lo reconozca y no es un trámite menor: de esa categoría depende que España esté obligada a aprobar un plan de recuperación para cada una de esas especies".
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Desde las ong afirman que, en el noroeste del Mediterráneo, las colisiones con barcos son la causa principal del declive de las poblaciones de estas dos especies.
Advierten que "en aguas españolas no existe ninguna norma vinculante que limite la velocidad de los barcos para reducir este riesgo".
Carlos Bravo, especialista en políticas marinas de OceanCare, sostiene que "la única solución verdaderamente eficaz y de aplicación inmediata para evitar la extinción de estas ballenas es reducir la velocidad de los barcos".
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Explica que "una medida de reducción de la velocidad legalmente vinculante proporcionaría un marco de igualdad de condiciones para todas las compañías y evitaría la generación de distorsiones competitivas entre ellas".
Las organizaciones recuerdan que buena parte del tráfico marítimo atraviesa el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, una franja de 46.385 kilómetros cuadrados entre las costas de Cataluña y la Comunidad Valenciana y las islas Baleares, donde están presentes ambas especies.
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Subrayan que España declaró ese corredor como área marina protegida en 2018 y, desde 2019, es Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona.
A la amenaza del tráfico marítimo, manifiestan, se suman el ruido submarino continuo generado por los barcos que interfiere en la forma en que estos animales se comunican, se orientan y buscan alimento y la contaminación por plásticos. EFE
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