
La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha desestimado la petición de la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa de la dana, Salomé Pradas, y su ex número dos, Emilio Argüeso, para que la exdelegada del Gobierno Pilar Bernabé aporte todas las comunicaciones que mantuvo el 29 de octubre de 2024, relacionadas con la emergencia, cuando las riadas dejaron 234 víctimas mortales en la provincia de Valencia.
Así consta en un auto de la Audiencia Provincial, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el que la sala da la razón a la magistrada de Catarroja que instruye la causa que había rechazado la petición de los dos investigados.
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Para la sala, no se aprecia "la utilidad y pertinencia de la prueba", además de que consta ya la negativa de Bernabé a la aportación de su teléfono, "siendo indiscutible que estamos ante una diligencia que afectaría de lleno al núcleo de su derecho a la intimidad, por más que se sugieran medidas atenuatorias de la injerencia".
"Si la testigo se negó a la aportación del listado de llamadas cabe colegir que se negará igual a lo que ahora se le solicita por los recurrentes con mucha mayor extensión", añade el tribunal, que subraya que, atendiendo a los hechos que son objeto de investigación en esta causa, no se aprecia "la utilidad y pertinencia de lo interesado ante lo genérico de la petición".
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Al respecto, entiende que si la declaración de la exdelegada "resultó incriminatoria para los recurrentes estos debieron precisar los particulares de dicha declaración que efectivamente les incriminaba y en qué medida la diligencia solicitada podría desmentir o cuestionar lo que dijo la testigo".
En esta línea, apunta que no se identifica "comunicación alguna" de Bernabé en concreto "que permita emitir un juicio favorable a la utilidad de la prueba" solicitada y recalca que hay "motivación suficiente" sobre las razones de la denegación, lo que permite desechar infracción del principio de igualdad de armas, como sostenía la exconsellera.
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Pradas había pedido el pasdo mes de julio que la jueza acordara requerir a Bernabé y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, que aportaran voluntariamente copia de todas las comunicaciones mantenidas durante la jornada del 29 de octubre relacionadas con la gestión de la emergencia, ya fueran cruzadas entre ambos o con cualquier otro responsable de cualquier administración, organismo o institución pública y, de modo muy particular, aquellas relativas a la evolución de la situación en el Barranco del Poyo, "cualquiera que hubiere sido el medio o canal telemático empleado para su intercambio".
El objetivo era saber "qué información concreta circulaba entre las distintas administraciones e instituciones en cada franja horaria", el conocimiento "real, efectivo y cronológico existente sobre la evolución de la situación de riesgo" y, de manera especialmente relevante, "los datos y advertencias de los que se disponía en relación con la evolución del caudal en el Barranco del Poyo".
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PRIMER RECHAZO
En un auto de ese mismo mes, la jueza desestimó la petición y trasladaba a Polo la posibilidad de aportación voluntaria de sus comunicaciones de ese día. La magistrada lo justificaba en que la obtención de los mensajes o la información y datos sobre las comunicaciones es "voluntaria, dada la naturaleza de los presuntos delitos imprudentes que son objeto de investigación en este procedimiento".
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Contra esta decisión recurrió la exconsellera --y también Argüeso--. la extitular de Interior alegó que Bernabé había rechazado aportar voluntariamente su listado de llamadas durante su declaración testifical de abril de 2025 alegando el carácter personal de su móvil, pero sostenía que esa negativa "se circunscribió exclusivamente al listado de llamadas telefónicas" mientras que la defensa pedía la aportación voluntaria "de todas las comunicaciones", lo que incluía las escritas vía correo electrónico, WhatsApp, Telegram, mensajería instantánea u otros canales.
El fiscal impugnó ambos recursos. La jueza volvió a rechazar las peticiones en septiembre al considerar que no se precisaba en el recurso "la razón de verificar sus comunicaciones, ni las discrepancias de la declaración de la testigo con hechos constatados, documentos aportados, informes que hagan preciso volver nuevamente a realizar dicho ofrecimiento".
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"ELUSIÓN DE RESPONSABILIDADES"
"La argumentación parte de una premisa errónea, por su inconcreción y por el claro desplazamiento y elusión de responsabilidades en la vigilancia de algo tan vital como el control de los barrancos, conocido por los medios de comunicación, establecido en el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana, y sujeto a la responsabilidad de quienes ostentaron la dirección del plan, los dos investigados", concluyó la magistrada y recoge la Audiencia en su auto.
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La defensa de Pradas, a la que se adhirió Argüeso, alegó entonces insuficiencia de motivos para denegar la petición; vulneración del derecho de defensa así como "la pertinencia, necesidad y utilidad de la diligencia de investigación" solicitada y argumentaba que la nueva petición era más amplia y diferente. Unos extremos que la sala, en una decisión del pasado 12 de noviembre, ha rechazado y confirma las decisiones adoptada por la magistrada de instrucción.
DENIEGA OTRAS DILIGENCIAS
Por otra parte, en segundo auto, la Audiencia desestima el recurso de apelación de una acusación particular contra la decisión de la jueza de denegar la práctica de numerosas diligencias de investigación tras la declaración testifical de la alcaldesa de València, María José Catalá.
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La sala entiende que el "grueso de la información" que la acusación particular pretende obtener con la batería de diligencias interesadas y que incidirían sobre el estado del Barranco del Poyo y su desbordamiento causante de los fallecimientos en la pedanía de La Torre "ya consta" en las actuaciones, según ha informado el TSJCV.
Y por otro lado, considera que los recurrentes no justifican qué información concreta sobre las incidencias relativas al saneamiento, drenaje o evacuación, apertura, cierre o modificación de las compuertas de la Albufera, incidencias en las estaciones de bombeo, colectores o sistemas de saneamiento pudiera tener la consideración de "información hidrológica crítica", cuando la petición de información planteada versa sobre extremos "que en nada influyeron en los fallecimientos en La Torre", por lo que son unas diligencias "manifiestamente impertinentes".
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