
El juicio por la pieza separada del caso '3%' denominada 'Infraestructuras' arranca mañana en la Audiencia Nacional, donde se juzgará una presunta organización criminal que buscaba quedarse con contratos públicos de la empresa Gestió D'Infraestructures de la Generalitat de Cataluña.
En el caso están acusadas 17 personas, entre ellas ex altos cargos de la Generalitat, para los que la Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito de acusación, recogido por Europa Press, penas de entre 8 años y nueve meses y 6 años y tres meses de prisión por su presunta participación en el amaño de adjudicaciones entre 2008 y 2015.
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Anticorrupción acusa de presuntos delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, y de un delito continuado de prevaricación, y solicita las penas más altas para los que considera líderes: el expresidente y el ex director general de la empresa pública de la Generalitat Gestió d'Infraestructures, S.A.U.(GISA) Josep Lluis Quer y Josep Antoni Rosell.
El cartel colusorio --cuando empresas del mismo sector se reparten el mercado e impiden el acceso de nuevos competidores-- denominado 'Nuria Bofill' habría pretendido y conseguido repartirse y fijar los precios, de forma indirecta, en las licitaciones públicas de ciertos organismos públicos de Cataluña mediante el establecimiento o concierto de precios idénticos o muy similares con el objetivo de anular la competencia de los no integrantes del pacto.
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El concierto llevado a cabo para pactar el precio de las licitaciones habría conllevado la alteración de las cuantías desembolsadas por la Administración Pública por los proyectos de obra pública ofertados en los que las referidas empresas se presentaban, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas.
Los integrantes de este pacto colusorio, indicó el juez, llegaron a pactar las normas o directrices a seguir cuando optasen a licitaciones de ciertas administraciones, con el objetivo de evitar la libre competencia y así obtener un contrato más beneficioso que aquél que habrían obtenido en condiciones de igualdad, es decir, si cada mercantil hubiese preparado su oferta de forma totalmente independiente.
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Según el escrito de la Fiscalía, el amaño para lograr concursos habría ocurrido "en connivencia con Quer y Rosell, que desempeñaban los cargos de presidente y director general, respectivamente, de la empresa pública Gestió d'Infraestructures, S.A.U. (GISA), luego denominada Infraestructures de la Generalitat de Cataluña".
ADJUDICACIÓN "A PURA VOLUNTAD"
Esta organización, añade Anticorrupción, acordó "durante años las normas o directrices a seguir cuando optasen a licitaciones de ciertas Administraciones, con el objetivo de evitar la libre competencia y, así, obtener un contrato más beneficioso que aquél que habrían obtenido en condiciones de igualdad, es decir, si cada mercantil hubiese preparado su oferta de forma totalmente independiente".
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"Dicho pacto anulaba, por tanto, la competencia de los no integrantes del mismo, y se fue extendiendo a diversos organismos públicos", explica el fiscal, que incide en que los miembros de esa organización "se pusieron de acuerdo para defraudar, fundamentalmente a GISA, diseñando e implementando una operación entre Quer y Rosell y las restantes personas acusadas, que tenía por objeto el direccionamiento de los procesos de contratación pública licitados". Ambos acusados, continúa la Fiscalía, "manipulaban todo el proceso de adjudicación de contratos".
"En primer lugar, modificaron la estructura organizacional de GISA creando la Oficina Técnica d'Avaluació, unidad integrada por una única persona, Cortasa Ferrer, y generaron un paso nuevo en el proceso de valoración de ofertas en los concursos públicos, que solo dependía de ellos", señala.
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Esa oficina, agrega, "era un órgano administrativo de GISA creado por Quer y Rosell" cuya "misión era revisar las propuestas de valoración de ofertas que elaboraban en cada caso los técnicos correspondientes de cada una de las gerencias": "Es decir, tenía la capacidad de modificar las puntuaciones técnicas otorgadas por las comisiones técnicas de valoración, en connivencia con el resto de personas acusadas".
Anticorrupción detalla que "las empresas que participaban del pacto realizaban intencionada y deliberadamente sus ofertas agrupadas en un rango de precios muy restringido, lo que provocaba dos efectos inmediatos: el primero, expulsar de los concursos a las empresas que no estuvieran en el pacto, en tanto provocaba bajas temerarias de las mismas".
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"Y, el segundo, pasar a hacer depender la adjudicación de manera prácticamente absoluta de criterios subjetivos y juicios de valor de modo que, visto el entramado establecido, implicaba que la adjudicación se verificaba a pura voluntad de los acusados Quer y Rosell", afirma.
De esta dinámica, concluye, resultó "perjudicado el patrimonio público porque las empresas decidían, bajo el control de Quer y Rosell, en qué nivel quedaría situado el precio de adjudicación y, por tanto, las exclusiones por baja temeraria, con los consiguientes perjuicios para los intereses patrimoniales públicos".
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