Madrid, 12 nov (EFE).- Los principales sindicatos policiales han expresado su rechazo unánime a la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de prohibir el uso de gas lacrimógeno en manifestaciones, así como la decisión de investigar la actuación policial durante la jornada de huelga general de este miércoles.
La jornada de huelga general del 11N terminó con más de un centenar de detenidos por la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza.
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Las investigaciones anunciadas por Marlaska analizarán actuaciones llevadas a cabo por los agentes este miércoles, como las cargas policiales, y se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que la Policía Nacional somete toda sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes, según el ministerio.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en la Policía Nacional, han tachado de "inadmisible" que la respuesta de Interior tras la huelga sea "poner bajo sospecha a los agentes y restringir sus medios de intervención".
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Asimismo, critican que se presente como "abuso policial cualquier uso de la fuerza", y se preguntan qué alternativas ofrece Interior a los policías cuando estos "reciben pedradas, agresiones o artefactos incendiarios".
Además, hacen énfasis en que esta medida llegue unos días después de la muerte de un agente en Oviedo tras la explosión de una mochila bomba pues resulta "especialmente doloroso" que anuncie estas medidas mientras se echa en falta "un respaldo público contundente" hacia los policías.
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Por su parte, en un comunicado, el sindicato Jupol ha exigido la "dimisión inmediata" de Marlaska por su gestión de las actuaciones policiales durante la huelga general.
"Resulta inadmisible que el ministro haya decidido abrir una investigación sobre las intervenciones policiales durante la jornada de huelga general y ordenar la retirada del gas lacrimógeno como medio de intervención en manifestaciones, mientras ni siquiera ha sido capaz de trasladar públicamente su pésame a la familia del compañero de la Policía Nacional asesinado en Oviedo ni de comparecer para condenar este terrible crimen", ha añadido el sindicato en el comunicado.
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Además, advierte de que retirar medios policiales puede provocar "más lesiones" a los agentes, a la par que subraya que los policías que participaron en la huelga se sometieron a escenarios de tensión y a actitudes violentas y agresiones, por lo que el sindicato considera "especialmente grave" que la primera respuesta de Interior sea "poner bajo sospecha a los policías y anunciar investigaciones sobre sus actuaciones".
El Sindicato Profesional de Policía (SPP), que agrupa a escalas de subinspección, ejecutiva y superior, ha argumentado en un comunicado que la retirada de herramientas como el gas lacrimógeno de los antidisturbios "no es modernizar, ni es progresista: es dejar a los agentes vendidos, indefensos y expuestos a agresiones directas sin una alternativa intermedia eficaz".
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Además, apuntan que el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional "no es arbitrario", sino que "es legítimo, es legal y está guiado en todo momento por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad".
"Pretender hacer creer que la violencia se combate sin medios es una irresponsabilidad absoluta que pone en riesgo directo la vida de nuestros policías", sostiene el SPP.
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Desde la Unión Federal de Policía (UFP) también han solicitado la dimisión de Marlaska, a quien acusan de "aparecer para señalar a los policías", "no para defenderlos y no para garantizar su seguridad".
"La Policía Nacional no puede convertirse en el escudo político de un ministro" que, a juicio de esta organización sindical, "ha demostrado una preocupante falta de respaldo institucional a sus propios funcionarios", ha argumentado. EFE
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