Fiscalía rebaja a 12 años la petición para el acusado de violar a una mujer en Lugo el día que acordaron la separación

La Audiencia Provincial de Lugo acogió este jueves el juicio contra un hombre acusado de violar a una amiga en octubre de 2024 en Burela, para el que se solicitan 12 años de prisión. La Fiscalía reformuló su escrito de acusación antes del inicio y rebajó los 14 años iniciales teniendo en cuenta que el procesado se encontraba en España en situación irregular. Por su parte, la acusación particular reclama una indemnización de 15.000 euros para la víctima, 5.000 más de lo que establece la fiscal.

Los hechos se remontan al 28 de octubre de 2024, cuando, según la acusación, la mujer había comunicado al acusado, con quien mantenía una relación de carácter únicamente sexual desde hacía aproximadamente un mes y medio, que quería dejar de verlo porque había iniciado otra relación. Ambos acordaron encontrarse para despedirse, pero ella le dejó claro que no quería mantener relaciones sexuales durante este encuentro de despedida.

Según el relato de la víctima, después de que ella lo recogiese en Burela, se dirigieron al monte Castelo, un lugar que frecuentaban habitualmente. Una vez allí, el hombre comenzó a besarla y a intentar quitarle la ropa, pese a las reiteradas negativas de ella. Posteriormente, afirma que la sacó por la fuerza del vehículo, la sujetó y consiguió bajarle los pantalones para penetrarla analmente sin su consentimiento y sin utilizar preservativo. El acusado le habría dicho después que había eyaculado fuera.

Durante su declaración, la víctima ha explicado que había mantenido encuentros sexuales con el procesado en unas doce ocasiones anteriores y que nunca habían tenido problemas, motivo por el que "confiaba en él y no tenía miedo". Ha asegurado que aquel día no quería mantener relaciones sexuales y que se lo había comunicado varias veces por teléfono antes de acudir al encuentro. Sin embargo, relató que, una vez en el monte, comenzó a tocarla y, pese a que ella le pidió que parase, terminó obligándola a mantener relaciones sexuales por vía anal.

La mujer explicó que se quedó en estado de shock y que no pudo reaccionar con normalidad ante lo sucedido para impedir que consumara el acto. Después de los hechos regresó a su domicilio, donde convive con sus padres y su hija, sin contarles inicialmente lo ocurrido. Posteriormente mantuvo conversaciones por WhatsApp con el acusado, en las que, según ha explicado, este llegó a disculparse por lo sucedido, aunque en los mensajes también sostenía que no la había obligado, mensajes que ella borró con posterioridad, "por rabia y vergüenza".

Fue después de hablar con una amiga cuando decidió denunciar. Siguiendo sus indicaciones, llamó al teléfono 116, desde donde la derivaron al hospital y a la Guardia Civil. La denunciante también ha negado en el juicio que la ruptura se debiese a que estuviese conociendo a otra persona, señalando que ese argumento se había utilizado para justificar el final de la relación ante él.

Durante la vista ha declarado también el médico forense que examinó a la mujer en el hospital y realizó la toma de muestras. El facultativo asegura que no presentaba signos físicos de violencia y que se encontraba tranquila durante la exploración. No obstante, ha señalado que su relato era coherente y no presentaba elementos inverosímiles.

El forense ha indicado que una agresión sexual puede producirse sin dejar lesiones físicas y que una situación de shock o bloqueo, como la descrita por la denunciante, puede explicar la ausencia de una reacción defensiva. También ha confirmado que los análisis dieron resultado negativo y que no se detectaron restos de semen. En este sentido, ha precisado que habían transcurrido unas 15 horas desde los hechos y que la mujer había acudido al hospital después de asearse, circunstancia que "limita" los posibles hallazgos en las muestras.

La abogada de la defensa ha cuestionado varios aspectos de la denuncia, haciendo hincapié en la ausencia de heridas, abrasiones o restos biológicos del acusado. También ha asegurado no entender por qué la mujer se había duchado antes de acudir al hospital y denunciar los hechos, así como la falta de resistencia física durante la presunta agresión, donde no realizó ningún intento de huir. Igualmente puso en tela e juicio el hecho de que ella borrase los mensajes de telefonía que intercambiaron después de los hechos.

En el juicio declararon igualmente los dos guardias civiles que instruyeron el caso, quienes corroboraron que las manifestaciones de la víctima durante la investigación coincidían con las realizadas inicialmente. Respecto al acusado, señalaron que este había mantenido que las relaciones sexuales fueron consentidas.

El procesado tenía vigente desde el 30 de octubre de 2024 una orden de alejamiento de la víctima, acordada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Viveiro como medida cautelar. La prohibición le impide acercarse a menos de 200 metros de ella, de su domicilio, de su lugar de trabajo o de otros espacios que frecuente, así como comunicarse con ella por cualquier medio.

En su escrito inicial, la Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y solicita 12 años de prisión, además de la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante otros siete, libertad vigilada durante cinco años e inhabilitación especial para actividades que impliquen contacto habitual con menores. También interesa la expulsión del territorio nacional una vez cumplida la pena, al encontrarse el acusado en situación irregular en España.