Madrid, 12 nov (EFE).- El Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley con el que el Gobierno pretende hacer el acceso a la vivienda más accesible y frenar la especulación un día después de la huelga general y en vísperas del inicio de la campaña electoral, durante la cual este asunto está llamado a ser uno de los ejes centrales.
A diecisiete días para las elecciones generales, el Ejecutivo ha conseguido así sacar adelante uno de los dos "decretos Maricarmen", que el Gobierno aprobó al día siguiente de la convocatoria anticipada de comicios a raíz del desahucio en Madrid de la octogenaria Maricarmen Abascal, que días después falleció en un hospital.
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Durante el debate, de marcado tono electoral, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha hecho un "llamamiento a la movilización de toda la gente que cree en el derecho a la vivienda" para que, igual que este miércoles se manifestó en las calles, también "se manifieste en las urnas el 29 de noviembre", mientras que el PP ha reiterado que derogará este decreto si llega al gobierno.
El Gobierno lo ha sacado adelante en la Diputación Permanente (órgano que sustituye al pleno del Congreso cuando las Cortes están disueltas) por 35 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos) y 34 en contra (PP, Vox y Junts).
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No ha conseguido hacer lo mismo con el de renovación automática de los alquileres, al situarse el PNV en el bloque del no y sumar con el PP, Vox y Junts 35 votos en contra, frente a los 34 a favor de la izquierda.
Éste lo ha defendido el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha acusado al PP, Vox y Junts de votar no a que cinco millones de inquilinos puedan ahorrar 4.341 euros al año.
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Bustinduy se refería así al ahorro mediano por hogar que, según sus cálculos, supondrá la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que permite el decreto aprobado para aquellos que venzan antes de 2029 y que en la Comunidad de Madrid asciende a 9.152 euros.
Este decreto, en vigor desde el pasado 8 de octubre, también pone topes a la actualización anual de rentas, protege de los desahucios a las familias vulnerables, limita las compras especulativas de vivienda y establece un IVA del 10 % para los pisos turísticos, un IVA del 4 % para la vivienda protegida, beneficios fiscales para inquilinos y caseros y préstamos públicos al 0 % para la entrada de una hipoteca, entre otras medidas.
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Por su parte, el decreto que no ha salido adelante buscaba sustituir la actual prórroga anual de los alquileres de vivienda habitual por prórrogas automáticas de cinco o siete años, y fijar que si el propietario decide no renovar tenga que indemnizar al inquilino con el equivalente a doce mensualidades, salvo excepciones.
Durante el debate, tanto el Gobierno como sus socios de izquierdas han hecho hincapié en que la derecha y la ultraderecha representan los intereses de los especuladores y los "buitres" y en que, si gobiernan, volverá el "modelo fallido" del "pelotazo" urbanístico y la "desprotección ciudadana".
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En nombre del PP, el diputado Vicente Marí ha afirmado que Isabel Rodríguez ha sido "la peor ministra de la democracia" y ha reiterado que si gobierna su partido derogará el decreto de vivienda, impulsará la construcción de un millón de casas y agilizará las concesiones de licencias, entre otras medidas.
José María Figaredo, de Vox, ha acusado al Ejecutivo de haber favorecido "que se lucren los fondos buitre" y haber creado la escasez de vivienda, por haber "metido en los últimos cinco años a casi seis millones de personas" en España, ha dicho en referencia a los inmigrantes.
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La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha justificado su apoyo al decreto en que "arregla el desaguisado de la ley de vivienda", mientras que ha rechazado el de renovación automática de los alquileres, porque en su opinión, "generaría mayor inseguridad" y "provocaría detraer la oferta del alquiler".
Desde la izquierda, el PSOE, Sumar, Podemos, ERC y EH BIldu y BNG han respaldado los dos decretos como continuación de la huelga general y como un paso más hacia su meta de que la vivienda no sea concebida como una mercancía o un activo financiero, sino como un derecho básico.EFE
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