La Audiencia de Valencia rechaza reabrir la causa del incendio de Campanar, que dejó diez víctimas mortales

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado reabrir la causa del incendio registrado el 22 de febrero de 2024 en un edificio del barrio valenciano de Campanar, que dejó diez víctimas mortales. El tribunal estima que no hay hechos nuevos ni pruebas sobrevenidas.

Así se desprende de la resolución, consultada por Europa Press, en la que el tribunal desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por las representaciones legales de las familias de algunos fallecidos y la propia Comunidad de Propietarios.

El tribunal confirma el auto de 8 de mayo de 2026 --dictado por la Sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, plaza número 9-- que denegó la reapertura de la causa, y el del 16 de junio que desestimó el recurso de reforma. Ahora, con esta decisión, la única vía abierta para las familias es el Tribunal Constitucional (TC).

Diversos familiares de víctimas del incendio recurrieron ante la Audiencia el archivo inicial y alegaron que existía un elemento nuevo relevante: un informe pericial que introducía cuestiones técnicas nunca analizadas durante la instrucción.

Argumentaban que el informe aportaba indicios nuevos como la presunta invalidez o caducidad de los certificados de reacción al fuego utilizados para acreditar la adecuación del revestimiento de fachada; o la discrepancia existente entre el grosor del material analizado por la Policía Científica (4,5 mm) y el reflejado en la documentación aportada por ALUCOIL (4 mm).

El tribunal, tras estudiar este informe, ha desestimado reabrir la causa. A su juicio, "no constituye presupuesto habilitante para la reapertura una mera discrepancia con la valoración jurídica o probatoria ya efectuada por el órgano instructor ni la aportación de nuevas opiniones, análisis o interpretaciones sobre hechos que ya fueron exhaustivamente investigados y sometidos a contradicción durante la instrucción".

La Audiencia considera que la novedad exigida para justificar la reapertura "no puede identificarse con la mera incorporación de un nuevo informe pericial cuando éste recae sobre hechos, documentos y circunstancias plenamente conocidos durante la instrucción y ya valorados por los órganos judiciales".

A su entender, el dictamen aportado "no introduce hechos descubiertos con posterioridad al archivo, ni evidencia documental hasta entonces desconocida, ni resultados obtenidos mediante técnicas de investigación que no hubieran podido ser empleados durante la instrucción". "Lo que realiza --añade-- es una reinterpretación de la normativa aplicable, de la documentación obrante en la causa y de los informes previamente incorporados a las actuaciones, ofreciendo conclusiones distintas de las alcanzadas durante la investigación judicial".

En consecuencia, la Audiencia subraya que el informe no constituye un elemento nuevo en sentido procesal, sino una valoración técnica alternativa de materiales ya existentes en la causa, "insuficiente por sí sola para dejar sin efecto la firmeza derivada del sobreseimiento provisional acordado", insiste.

NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO

Tampoco cree que pueda prosperar la alegación de los familiares de que la instrucción habría omitido el examen de la incidencia del Real Decreto 312/2005, afirmando que dicha norma resultaba aplicable al edificio y que su consideración modificaría las conclusiones alcanzadas en la causa.

Al respecto, el tribunal detalla que la cuestión relativa a la normativa aplicable al proyecto constructivo del edificio constituyó una de las materias expresamente investigadas durante la instrucción, "recibiéndose declaración de técnicos municipales y analizándose la legalidad urbanística y técnica de las licencias concedidas".

También sostiene que la controversia acerca de si resultaba aplicable la NBE-CPI/96, el Código Técnico de la Edificación o el Real Decreto 312/2005 no constituye un hecho nuevo, sino una cuestión estrictamente jurídica que pudo ser objeto de debate durante la instrucción y en los sucesivos recursos interpuestos contra las resoluciones de archivo.

"La aparición de una nueva interpretación normativa no equivale a la aparición de un nuevo elemento probatorio y, por ello, carece de virtualidad para justificar por sí misma la reapertura de unas diligencias ya archivadas", incide.

Igual suerte desestimatoria merecen las alegaciones relativas a la supuesta caducidad de certificados, a las diferencias de espesor detectadas en determinadas muestras o a las dudas manifestadas sobre la trazabilidad del material empleado en la fachada, expone.

Y concluye: "La instrucción fue particularmente extensa, se practicó una abundante actividad investigadora y las diversas pretensiones formuladas por las acusaciones fueron objeto de examen expreso tanto por el órgano instructor como por la sección cuarta de la Audiencia".