
El domingo fueron desalojadas 450 personas y el operativo continúa este lunes con traslados al CATE y posibles retornos a Marruecos, en unas instalaciones cuestionadas por los riesgos para la seguridad de una infraestructura crítica
La Policía Nacional ha desarrollado este lunes un segundo operativo de desalojo en el campamento temporal de migrantes en situación administrativa irregular instalado en el puerto de Ceuta, después de que durante la jornada del domingo fueran desalojadas alrededor de 450 personas. La intervención, que ha comenzado sobre las 6.00 horas, busca retirar a los residentes de las instalaciones y continuar con el desmantelamiento de los dispositivos provisionales de acogida.
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Según han informado medios locales, agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional se han desplegado en el recinto portuario para controlar el perímetro y facilitar los traslados. Los migrantes están siendo conducidos en autobuses y vehículos policiales hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Tarajal, donde se comprueba su situación administrativa.
Entre las alternativas contempladas figuran el retorno voluntario a Marruecos para quienes manifiesten su voluntad de regresar y la derivación a otros recursos de acogida dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La actuación de este lunes se ha desarrollado bajo la lluvia y con alerta amarilla por fenómenos meteorológicos adversos en la ciudad autónoma.
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El desalojo comenzó el domingo con la retirada de las 50 carpas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) situadas en el muelle de Poniente. La operación se enmarca en el plan del Gobierno para desmantelar progresivamente los dispositivos extraordinarios habilitados tras la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio.
AL MENOS 14.180 RETORNOS VOLUNTARIOS
El operativo se produce mientras continúa la tramitación de los expedientes de las personas que llegaron a Ceuta durante la crisis migratoria del verano. Los últimos datos oficiales, comunicados por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el pasado 3 de noviembre, sitúa en 14.818 el número total de personas que habían regresado a Marruecos desde la entrada masiva.
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De ellas, 14.180 correspondían a retornos voluntarios y 638 a expulsiones, según los datos facilitados por la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Saiz precisó también entonces que 6.113 personas habían pasado por el procedimiento de triaje y que 3.650 menores permanecían en el sistema de protección autonómico.
LAS CRÍTICAS POR LA SEGURIDAD DEL PUERTO
La utilización de terrenos portuarios para instalar los dispositivos de acogida ha generado críticas por las condiciones de seguridad de un espacio considerado infraestructura crítica y estratégica.
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El Ministerio del Interior ordenó en septiembre reforzar temporalmente las medidas de protección marítima del puerto de Ceuta después de advertir de que la instalación del campamento suponía un incremento de los riesgos asociados al control de accesos, la separación entre zonas restringidas y operativas y la protección de las infraestructuras críticas y sensibles.
En un oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad, Interior señalaba que la ocupación de una parte del recinto para alojar a un elevado número de personas alteraba sustancialmente las condiciones ordinarias de explotación y protección de las instalaciones portuarias. Por este motivo, se acordó activar el nivel 2 de protección marítima.
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También el Sindicato Unificado de Policía (SUP) recurrió la decisión de instalar el campamento y solicitó paralizar su puesta en funcionamiento hasta que se acreditase el cumplimiento de las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales. No obstante, la Audiencia Nacional acabó por rechazar la suspensión cautelarísima solicitada por la organización sindical.
El comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Ceuta también alertó de los riesgos que podía entrañar la presencia prolongada de un elevado número de personas en un recinto con zonas restringidas y actividades vinculadas al tráfico marítimo, el suministro y el repostaje de buques.
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A estas advertencias se han sumado los datos de la División de Protección de la Autoridad Portuaria, que contabilizó 2.117 incidencias de seguridad entre el 30 de julio y el 3 de noviembre.
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