Sevilla, 29 oct (EFE).- La Audiencia de Sevilla ha autorizado una nueva ampliación, hasta el próximo 23 de noviembre, del plazo para intentar cerrar un acuerdo sobre la macrocausa por el mayor brote de listeriosis en España por carne mechada contaminada, que causó cuatro muertes, siete abortos y lesiones a más de 200 personas.
Este nuevo aplazamiento en el conocido como caso Magrudis se suma a otros dos anteriores, el primero coincidiendo con el arranque del macrojuicio el pasado 16 de octubre, cuando la Sección Séptima dio diez días a las partes para negociar un acuerdo, y otro posterior al autorizarse otra semana adicional hasta el 3 de noviembre.
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Según han trasladado este jueves a EFE fuentes del caso, para cerrar un posible acuerdo resulta necesario conocer con exactitud qué indemnización solicita cada una de las víctimas, de acuerdo al informe forense que determina los días de tratamiento y secuelas que sufre cada perjudicado.
Dado que todavía siguen pendientes algunos de esos informes, se ha solicitado el nuevo aplazamiento hasta el 23 de noviembre para disponer de un mayor margen temporal que permita cerrar la posible conformidad, han indicado.
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Los abogados Manuel Parrilla y Germán Grima, que representan a afectados por el brote, ya advirtieron el pasado 23 de octubre de que el principal escollo en la negociación estaba a su juicio en la postura del Ayuntamiento de Sevilla, que figura como responsable civil subsidiario derivado del supuesto fallo en sus controles sanitarios.
El montante total de las indemnizaciones solicitadas asciende a unos 10 millones de euros, según indicaron entonces los letrados, que precisaron que las aseguradoras no cubrían esa cantidad y se exigía que el Consistorio aportara la mitad económica restante de aproximadamente 5 millones.
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El conocido como caso Magrudis sienta en el banquillo a seis personas. Como principales acusados cuatro miembros de la familia gestora de la empresa que elaboraba y comercializaba la carne mechada contaminada en 2019 se enfrentan a peticiones iniciales de unos diez años de prisión y distintas multas por parte de la Fiscalía.
Un arquitecto técnico contratado por la empresa y una inspectora veterinaria municipal también están acusados en este procedimiento, que se dirige además contra las mercantiles Magrudis SL y Elaborados Cárnicos Mario SL y contra varias compañías aseguradoras como responsables civiles directas, mientras que el Ayuntamiento sevillano figura como responsable civil subsidiario. EFE
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