Hazte Oír pide al Supremo que extienda la suspensión del voto de la 'ley de nietos' a los hijos de los beneficiados

La asociación Hazte Oír ha solicitado al Tribunal Supremo que identifique y aplique la suspensión cautelar del voto a hijos mayores de edad de los nacionalizados a través de la 'ley de nietos'

Así lo ha pedido Hazte Oír en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que insta al Supremo a que solicite a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral que remitan el desglose de las inscripciones de estas personas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

La asociación remarca que en el auto de septiembre en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal acordó la suspensión cautelar del voto para quien no demuestre que es descendiente de exiliado apreció "un peligro fundado, real y serio de afectar a la objetividad y transparencia del proceso electoral".

"Ese peligro persiste respecto de los hijos de los afectados que, siendo mayores de edad, reúnan los requisitos del sufragio y figuren en el censo aplicable a las elecciones de 29 de noviembre", argumenta.

Y señala que si la inscripción de estas personas "sigue produciendo efectos sin haber sido siquiera identificada, la sentencia que ordene separar las altas derivadas" de la 'ley de nietos "no podrá alcanzar a las que ya habrán votado en esas elecciones".

Además, indica que concurren los requisitos para resolver en el plazo de manera rápida por "la especial urgencia" de lo solicitado, en tanto que "la relación nominal de los beneficiarios" por la 'ley de nietos' debe entregarse por el Gobierno esta semana y "la identificación de los hijos sólo es útil si se incorpora a esas operaciones".

Por todo ello, solicita al alto tribunal que identifique a estas personas y que extienda a ellas "la suspensión de los efectos electorales de su inscripción en el CERA en el proceso electoral convocado" para el próximo 29 de noviembre.

La conocida como 'ley de nietos' es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que permite que descendientes de exiliados puedan conseguir la nacionalidad española.