
El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha criticado en la resolución por la que aplica la amnistía a dirigentes independentistas catalanes la "innecesaria grandilocuencia" de las manifestaciones del Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia que avaló el perdón al delito de malversación y ha indicado que la resolución de la corte de garantías constituye "una ruptura de este órgano con su propia jurisprudencia histórica".
Marchena, presidente del tribunal que juzgó el 'procés' y ponente del auto por el que el Supremo aplica la amnistía al exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras y a los exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull, señala que las críticas del Constitucional a la interpretación de la Sala de lo Penal para no perdonar la malversación son "consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto".
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"La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia", señala.
Y aduce que la resolución suscrita por la mayoría del bloque progresista de la corte de garantías "encierra una descalificación que alcanza a otros catorce magistrados que han defendido la interpretación que ahora se considera vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva".
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El magistrado remarca que cinco magistrados del TC mostraron su disconformidad con la mayoría y, por tanto, que el "significativo número de magistrados que han expresado su coincidencia con la tesis que ahora rechaza la mayoría del Tribunal Constitucional hace muy difícil aceptar con naturalidad la irracionalidad que se atribuye a la decisión recurrida".
En este sentido, defiende que "el auto que se deja sin efecto a raíz de la sentencia que otorga el amparo se atuvo a la interpretación reiterada sobre el delito de malversación mantenida durante décadas y que forma parte del acervo jurisprudencial".
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"La resolución que otorga el amparo a Bassa no es interpretada por esta Sala como la manifestación de un conflicto institucional con el Tribunal Constitucional, sino como una ruptura de este órgano con su propia jurisprudencia histórica", destaca.
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