La Fiscalía pide revocar de nuevo el tercer grado al exjefe de ETA Olarra Guridi ante la "escasa reparación del daño"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido revocar de nuevo el tercer grado al exjefe de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, condenado por delitos de asesinato, lesiones, estragos y otros relacionados con su pertenencia a la banda terrorista, dada la "escasa reparación del daño" y "los graves delitos cometidos".

Olarra Guridi fue condenado a más de 1.000 años de cárcel por el atentado con coche-bomba contra el subsecretario de Política Científica Juan Junquera en la calle de Corazón de María (Madrid), el 6 de noviembre de 2001, que causó 95 heridos. En la citada sentencia se le condenaba también a pagar cuantiosas sumas a los heridos para reparar el daño.

Además, cuenta con otra condena a 28 años de prisión por el asesinato en 1993 del funcionario de prisiones José Ramón Domínguez Burillo en San Sebastián, cuando el etarra formaba parte del Comando Donosti.

Según ha comunicado el Ministerio Público, la Fiscalía ha interpuesto un recurso ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, después de que el pasado miércoles la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco le otorgara el tercer grado.

Esta es la segunda vez que el Gobierno vasco le otorga el régimen de semilibertad al exdirigente de ETA, ya que la primera fue revocada por la Audiencia Nacional el pasado mes de julio

El Ministerio Público argumenta una "escasa reparación del daño", dado lo "exiguo de las cantidades con las que está haciendo frente al pago de la responsabilidad derivada de los graves delitos cometidos" y ve prematuro el tercer grado, ya que hasta la libertad definitiva en 2032 existe un periodo de tiempo excesivamente largo".

"Esta tipología delictiva hay que tener en cuenta la gravedad de los hechos cometidos, incardinados dentro del ámbito terrorista, ya que este ha sido condenado por delitos de asesinato y otros que han causado múltiples lesionados", razona.

Asimismo, ha indicado que "el escaso tiempo transcurrido desde la revocación" del beneficio penitenciario por la Audiencia Nacional "no permite hacer un estudio ponderado de la evolución del interno, para para lo cual se requiere un mayor lapso temporal".

Por su parte, el Ejecutivo Vasco señaló que "los profesionales del centro, juristas, psicólogos, educadores y trabajadores sociales que están en contacto permanente con los interno han propuesto esta progresión".

Y apuntó a que el objetivo que impone la legislación penitenciaria es "que la reintegración a la sociedad de los internos en condiciones distintas a las que ingresaron en prisión" y el Departamento de Justicia y Derechos Humanos se acoge a él "con convicción".