Sonia López
Madrid, 18 oct (EFE).- Quince años después de que ETA anunciara, el 11 de octubre de 2011, el fin de la violencia terrorista, continúan abiertas una decena de investigaciones y procesos judiciales relacionados con atentados de la banda, su financiación o con la responsabilidad de antiguos miembros de la cúpula etarra.
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En esas piezas, abiertas a raíz de las querellas de las víctimas, están investigados dirigentes históricos de la banda, integrantes de las llamadas 'zubas' (direcciones de ETA), como Garikoitz Aspiazu Rubina (Txeroki), Mikel Carrera Sarobe (Ata), Aitzol Iriondo (Gurbitz), Francisco Javier García Gaztelu (Txapote) o Josu Urrutikoetxea (Josu Ternera), entre otros.
En concreto, la Audiencia Nacional mantiene abiertas más de una decena de causas contra exjefes de ETA; la má avanzada es la del asesinato de Gregorio Ordoñez, que se encuentra en fase de procesamiento.
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Estas son algunas de ellas:
Por el asesinato del teniente de alcalde del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez en 1995 fueron condenados en su día los integrantes del comando Donosti (Txapote, Juan Ramón Carasatorre y Valentín Lasarte). Pero esta es una de las causas que ha tenido novedades más recientes.
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En enero de 2025 el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional dictó auto de procesamiento contra cinco exjefes de ETA: José Javier Arizcuren Ruiz (Kantauri); Ignacio Gracia Arregi (Iñaki de Rentería); Mikel Albisu Iriarte (Mikel Antza); Julián Atxurra Egurrola (Pototo), y Juan Luis Agirre Lete (Isuntza).
El juez les atribuye presunta responsabilidad en ese asesinato terrorista al considerar que el comité ejecutivo de ETA se reservaba la decisión sobre objetivos de especial relevancia política.
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El caso está a la espera de juicio. La Fiscalía pide 30 años de cárcel para esos cinco acusados.
La causa por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 se reabrió en la Audiencia Nacional en 2022 contra varios exdirigentes de ETA.
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La Justicia ya había sentado en el banquillo a los autores directos del crimen. Txapote fue condenado a 50 años de cárcel como autor de los disparos que acabaron con la vida del concejal del PP en Ermua, al igual que Irantzu Gallastegui Sodupe (Amaia), como coautora.
Pero la admisión de otra querella de Dignidad y Justicia abrió paso a investigar la responsabilidad de quienes ordenaron el asesinato, quienes estaban en la cúpula de ETA en aquel momento.
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Fueron investigados Mikel Antza, Iñaki de Rentería, Anboto y Kantauri. De ellos solo Kantauri se enfrenta a la posibilidad de ser juzgado, ya que para los tres primeros se decretó el archivo de la causa al considerar los delitos prescritos.
El 30 de octubre de 2000 fue asesinado en Madrid el magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo José Francisco Querol, en un atentado con coche bomba al paso del vehículo en el que viajaba. Murieron también su escolta, Jesús Escudero, y su chófer, Armando Medina, y hubo decenas de heridos.
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La causa se reactivó en la Audiencia Nacional en diciembre de 2021 cuando el juez Santiago Pedraz acordó investigar a once exmiembros de ETA por este asesinato tras la querella de Dignidad y Justicia contra los jefes etarras de aquel momento.
En 2023 el juez pidió a Francia ampliar la entrega de Txapote, Ainhoa Múgica, Juan Antonio Olarra Guridi y Juan Luis Rubenach para poder juzgarles por este atentado, y en octubre de ese mismo año ordenó búsqueda y captura y órdenes europeas de detención contra varios de ellos.
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El concejal del PP Jesús María Pedrosa fue asesinado por ETA en Durango el 4 de junio de 2000 a los 57 años de un disparo en la cabeza.
En junio de 2023 la Audiencia Nacional reabrió la investigación de este crimen, que continúa en instrucción con una decena de exjefes de ETA investigados, entre ellos Mikel Antza, Iñaki de Rentería, Asier Oyarzabal, Ramón Sagarzazu, Vicente Goicoechea, Ainhoa Múgica, Txapote, Juan Antonio Olarra Guridi, Juan Carlos Iglesias y Anboto.
El 21 de septiembre de 2008, sin aviso previo, un coche bomba cargado con unos cien kilos de explosivos estallaba de madrugada cerca de la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa. Diez personas resultaron heridas, entre ellas varios agentes.
La Audiencia Nacional condenó el 29 de mayo de 2013 a Ibón Iparraguirre y Asier Badiola a 299 años de cárcel cada uno por ese atentado, condenas que confirmó en 2014 el Tribunal Supremo.
Sigue igualmente abierta la línea de investigación sobre la posible responsabilidad de quienes dirigían la banda terrorista durante esos años, y el juez ya ha tomado declaración a algunos, entre ellos Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe (Ata).
El 30 de mayo de 2003 ETA hizo estallar una bomba lapa colocada en un vehículo oficial del Cuerpo Nacional de Policía en Sangüesa (Navarra). Murieron los agentes Bonifacio Martín Hernando, de 56 años, y Julián Embid Luna, de 53, y resultó herido muy grave un tercer policía, Ramón Rodríguez Fernández.
La Audiencia Nacional abrió en abril de 2022 una investigación contra ocho exdirigentes de ETA y contra dos presuntos autores materiales, Garikoitz Arruarte Santa Cruz y Gorka Lorán Lafourcade.
En enero de 2024 el juez concluyó el sumario sin procesamiento, pero la Sala de lo Penal revocó esa decisión y ordenó reabrir la causa para practicar diligencias pendientes, declaraciones de investigados y valoración de testigos protegidos.
El 4 de agosto de 2002 ETA hizo estallar un coche bomba frente a la casa cuartel de la Guardia Civil en la localidad alicantina de Santa Pola. Murieron dos personas: una niña de 6 años, hija de un agente, y un hombre de 57 que se encontraba en una parada de autobús cercana. El atentado dejó 40 heridos y graves daños materiales.
Como autores de la masacre fueron condenados en 2012 los integrantes del comando Argala Óscar Zelarain y Andoni Otegi.
Al igual que el resto de casos, se mantiene abierta la línea de investigación sobre la responsabilidad de varios jefes de ETA. El 9 de junio de 2026 comparecieron ante el juez María Soledad Iparraguirre (Anboto) y Ainhoa Múgica (Olga), que se negaron a declarar.
Pedro Antonio Blanco García, teniente coronel del Ejército de Tierra, fue asesinado por ETA el 21 de enero de 2000 en Madrid al estallar un coche bomba cerca de su domicilio.
La Audiencia Nacional condenó a cuatro integrantes del comando Madrid-Buroahuste a penas de entre 120 y 129 años de cárcel por este asesinato terrorista: Gorka Palacios, Ana Belén Egüés, Iván Apaolaza y Juan Luis Rubenach.
Pero también sigue existiendo una vía judicial para depurar la responsabilidad de los dirigentes del aparato militar de ETA asentado en Francia. En noviembre de 2025 la Justicia francesa autorizó la entrega a España de Olarra Guridi, Ainhoa Múgica y Txapote para que pudieran sentarse en el banquillo por este atentado.
El atentado de la T-4 de Barajas ya fue juzgado respecto de sus autores materiales: la Audiencia Nacional condenó en mayo de 2010 a Igor Portu, Martín Sarasola y Mikel San Sebastián a 1.040 años de cárcel por el ataque del 30 de diciembre de 2006.
Aunque la vertiente sobre la posible responsabilidad de la cúpula de ETA también sigue teniendo recorrido judicial. En 2022 la Audiencia Nacional reabrió la causa y admitió una querella contra cuatro exjefes de ETA. En enero de 2026 cursó una orden europea de investigación a Francia para interrogar a Josu Ternera sobre este atentado.
ETA asesinó el 9 de octubre de 2000 en Granada al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, tiroteado por la espalda en el portal de su casa.
La Audiencia Nacional condenó en 2002 a Harriet Iragi Gurrutxaga y Jon Igor Solana Matarrán a 54 años de prisión como autores materiales del asesinato y a 30 años a Juan Antonio Olarra Guridi a 30 años de cárcel como inductor del crimen.
El procedimiento se reactivó en 2024 y el 5 de agosto de 2025, la Sala de lo Penal ordenó al juez pedir nuevos informes a la Guardia Civil para aclarar si Txapote y Ainhoa Múgica (Olatz) tuvieron participación en el asesinato.
Según el informe de la Misión del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo y los datos de asociaciones como la Fundación Víctimas del Terrorismo, la AVT, Dignidad y Justicia o COVITE hay mas de 300 asesinatos de ETA sin resolver, que han quedado impunes.
La principal traba que se encuentran las víctimas en estos casos es la prescripción de los delitos. La mayoría de esos atentados fueron cometidos en los llamados 'años de plomo', la década de los años 80.
Aunque las víctimas piden que estos asesinatos sean considerados delitos de lesa humanidad, esa figura no se incluyó en el Código Penal español hasta 2004, por lo que los atentados cometidos antes de ese año quedan fuera de esa calificación y ya no podrían ser juzgados. EFE
(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023149002, 8022870765)
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