La Comunidad de Madrid pide al TC que levante la suspensión de su ley de acción popular

Madrid, 16 oct (EFE).- El Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso presentará este viernes alegaciones ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedirle que levante la suspensión de la ley autonómica que amplía el ejercicio de la acción popular por parte de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha avanzado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un desayuno informativo en el que ha defendido que la ley madrileña, que fue recurrida por el Gobierno de Pedro Sánchez, es constitucional y recoge una práctica extendida entre las comunidades autónomas.

El pleno del TC acordó en septiembre la admisión a trámite del recurso del presidente del Gobierno, así como la suspensión de la vigencia y aplicación de la norma desde la fecha de interposición del recurso (16 de julio de 2026) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

La norma impugnada habilitaba al Ejecutivo madrileño a personarse como acción popular en casos en que se atente contra el patrimonio natural, se dañe el histórico-artístico o se cometan delitos que afecten al desarrollo de eventos y espectáculos públicos.

Sánchez alegó en su demanda que la norma podría ser contraria al artículo 149.1.6ª de la Constitución, que establece como competencia exclusiva del Estado la legislación procesal.

Según expuso el Gobierno en su recurso, la Ley de Enjuiciamiento Criminal "solo permite que las personas jurídicas públicas ejerzan la acción popular cuando protegen a una víctima concreta e identificable", supuestos que la Comunidad de Madrid sí cumpliría en los casos de violencia de género.

Pero la nueva ley aprobada en abril por la Asamblea de Madrid extiende el ejercicio de la acción popular a "delitos con bienes jurídicos colectivos" y "sin víctima individualizada", lo que según el Gobierno "supone una ampliación unilateral del régimen procesal".

García Martín ha discrepado de esta interpretación y ha esgrimido que, de hecho, "tiene mucho más sentido" que una autonomía pueda ejercer la defensa de un "bien general", y a su parecer la distinción que arguye el Gobierno es "bastante absurda".

Además, considera que el recurso podría acarrear la inconstitucionalidad del precepto de la ley autonómica contra la violencia de género que habilita a la Comunidad a personarse en procesos de esta tipología, como ha hecho ya en 80 casos.

Y ha avanzado que, si se levantara la suspensión, podría amparar la personación de la Comunidad de Madrid "en un eventual procedimiento penal que se abra en relación con los actos de vandalismo" en la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol. EFE