El juez del caso Plus Ultra asume las pesquisas contra tres cargos de la Seguridad Social

Madrid, 15 oct (EFE).- El juez del caso Plus Ultra ha incorporado a esta causa la investigación contra tres responsables de la Tesorería General de la Seguridad Social por la emisión de un certificado que acreditó que la aerolínea estaba al corriente de pagos con la Administración, una condición fundamental para acceder al apoyo público de 53 millones de euros.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE este jueves, el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama acepta la inhibición de la plaza número 22 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid que abrió diligencias por presunta prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial tras una denuncia de Manos Limpias.

En su escrito, Manos Limpias se remite a un certificado expedido con fecha del 20 de agosto de 2020, y que estaría firmado por José Luis Encinas, como subdirector general adjunto de la Tesorería General de la Seguridad Social, y rubricado por Belén Fruiters, como jefa de sección de la Tesorería de Madrid.

Dicho documento acreditó que, a la indicada fecha, la sociedad no tenía pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social, continúa la acusación, que también atribuyó estos hechos Rodrigo Mares como director provincial de la Tesorería General.

"Se solventó así presuntamente uno de los requisitos ineludibles para que la compañía Plus Ultra pudiera acceder al rescate que no era otro que estar al corriente de pago con la Seguridad Social y con Hacienda", de acuerdo con la Fiscalía Provincial de Madrid.

En aquel escrito, el Ministerio Público plasmó fragmentos de la denuncia que mencionaban una supuesta reunión entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero -ya investigado en la causa abierta en la Audiencia Nacional- y el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

"Dicha reunión podría haber ocasionado que el día 5 de octubre de 2020, el denunciado Rodrigo Mares, dictó una resolución concediendo un aplazamiento para el pago de la deuda que Plus Ultra tenía con la Seguridad Social que ascendía presuntamente a 451.954,79 euros (periodo julio de 2017 a mayo de 2020)", añadió el fiscal.

Por ello, la Fiscalía Provincial de Madrid respaldó la apertura de una causa contra los tres funcionarios al ver una "apariencia inicial de relevancia penal suficiente" para ello.

No obstante, proponía que la causa se remitiera a la Audiencia Nacional "dada la conexión existente" entre los hechos que allí se investigan. Ahora el juez Calama asume las pesquisas tras apreciar una serie de presupuestos que aconsejan su conocimiento conjunto.

El magistrado sitúa a Rodríguez Zapatero en el "vértice" de una supuesta red de influencias para que Plus Ultra consiguiese en 2021 un préstamo de 53 millones procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Además del presunto tráfico de influencias, el juez del caso Plus Ultra investiga un presunto lavado de fondos ante la sospecha de que los gestores de la aerolínea "idearon un plan para apropiarse" de "cantidades de dinero 'limpio'" para destinarlas "a sociedades instrumentales de la red de blanqueo".

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas fue un instrumento que el Ejecutivo aprobó el 3 de julio de 2020 con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de sociedades no financieras afectadas por la pandemia y que eran consideradas estratégicas.

Este fondo se encontraba adscrito al Ministerio de Hacienda y fue gestionado por un Consejo Gestor a través de la SEPI. EFE