Un año del suicidio de Sandra Peña, el caso que reabrió el debate sobre el acoso escolar

Roberto Ruiz Oliva

Sevilla, 14 oct (EFE).- Justo un año después de la muerte de Sandra Peña, la alumna de 14 años que se suicidó víctima de posible acoso, su caso se mantiene abierto en varios frentes tras convertirse en una dolorosa referencia que reabrió en España el debate sobre cómo prevenir, detectar y perseguir el 'bullying'.

Coincidiendo con esta fecha, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha publicado este miércoles en su perfil de 'X' una fotografía de la menor en la que recuerda que su "trágica pérdida zarandeó las conciencias" y despertó una "emotiva ola de solidaridad", además de trasladar un abrazo a los padres, que mantienen su lucha.

Desde que la adolescente se quitara la vida el 14 de octubre de 2025, poco después de salir del colegio privado concertado Irlandesas Loreto donde estudiaba, el último año ha estado marcado por una doble vía de investigación: la de la Fiscalía de Menores, centrada en tres alumnas señaladas como presuntas acosadoras, y contra la actuación del centro, impulsada en la vía penal por la familia.

La Fiscalía de Menores abrió expedientes y la Policía Nacional puso en marcha diligencias que incluyeron el análisis del teléfono móvil y de las redes sociales de la menor.

La Consejería de Educación detectó por su parte que, aunque el colegio había adoptado algunas medidas, no constaba la activación formal ni del protocolo de acoso ni del de conductas autolíticas.

Este último aspecto motivó incluso que la administración autonómica, que ya abrió expediente sancionador al centro por no haber activado el protocolo correspondiente, advirtiera de que el colegio podría llegar a perder el concierto educativo si se confirmaba un incumplimiento muy grave.

Conmoción social

En el plano social, la conmoción fue inmediata, con miles de estudiantes que se concentraron en Andalucía para arropar a la familia y denunciar el acoso escolar.

Desde el fallecimiento de Sandra, su familia ha mantenido una batalla para depurar posibles responsabilidades al considerar que la respuesta del colegio fue insuficiente y tardía, una postura que se concretó en una querella contra el centro y varios docentes.

No obstante, el juzgado acordó el archivo provisional al estimar que no existía sustento jurídico suficiente para atribuir penalmente al personal educativo la muerte de la menor, tras entender el juez que el colegio adoptó medidas frente a la situación, aunque no pudiera exigírsele un control permanente sobre la alumna.

Los padres recurrieron y reclamaron, entre otros aspectos, que se valorara la autopsia, que reflejaba cortes en el cuerpo y presencia de alcohol en sangre, además de insistir en que el acoso continuado y la falta de protocolos no podían quedar sin sanción penal.

Reproche al colegio, sin relevancia penal

El pasado septiembre, la Audiencia de Sevilla confirmó el archivo de la causa contra el colegio, a pesar de que el tribunal fue especialmente severo con la actuación del centro, que calificó de "absolutamente deficitaria, insuficiente, y contraria a la urgencia" que imprime el protocolo de acoso.

En cualquier caso, volvió a descartar que dicha omisión permitiera sostener un delito de homicidio imprudente o de trato degradante en el ámbito penal.

Tras conocerse esta resolución, la madre de Sandra, Zara Villar, pidió a la Junta que fuera "contundente" por la vía administrativa contra los responsables del colegio: "Con Sandra falló todo, no hicieron nada".

Hace poco días, los allegados de la menor sufrieron otro golpe después de que el altar improvisado en memoria de Sandra Peña junto a la cancela del edificio donde residía tuviera que ser retirado tras sufrir reiterados actos vandálicos en el barrio de San Carlos.

Un año después, su familia sigue buscando respuestas ante un proceso que, aunque ha cerrado la vía penal contra el centro, se mantiene en el Juzgado de Menores y en el debate social sobre los mecanismos para detectar y frenar el acoso dentro y fuera de las aulas. EFE