
La acusación popular unificada ha solicitado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que investigue la entrada de buques marroquíes en aguas de Ceuta a finales del pasado mes de julio, coincidiendo con la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.
Iustitia Europa, que lidera la acusación popular, lo reclama en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que argumenta que los hechos "podrían presentar relevancia para la investigación de posibles conductas atentatorias contra la independencia, la integridad territorial y la seguridad exterior" de España.
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La petición llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconociera estos hechos en conversación con periodistas en el Palacio Real durante la recepción ofrecida por los Reyes el 12 de octubre, una situación que calificó como un "hecho puntual", igual que hizo la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, un día después en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"No se trataría únicamente de un episodio vinculado al control migratorio o a la vigilancia ordinaria de fronteras, sino de la eventual penetración de buques de guerra pertenecientes a las Fuerzas Armadas de un Estado extranjero en espacios marítimos sujetos a soberanía española, en coincidencia temporal con los acontecimientos que motivaron la incoación de esta causa", aduce Iustitia Europa.
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Para el partido, "la eventual incursión de unidades militares extranjeras en aguas de soberanía española exige esclarecer no solo las circunstancias materiales de dicha presencia, sino también las actuaciones, decisiones y órdenes que pudieran haberse adoptado por las autoridades competentes, así como su eventual incidencia en la seguridad exterior del Estado".
DOCUMENTACIÓN Y DATOS DE RADARES Y SENSORES
"La presencia de unidades militares extranjeras en aguas españolas, particularmente en un escenario de excepcional tensión fronteriza, plantea interrogantes propios que requieren una respuesta probatoria individualizada: qué unidades intervinieron, cuáles fueron sus posiciones y movimientos, bajo qué circunstancias se produjo su presencia, qué autoridades españolas tuvieron conocimiento de ella, qué comunicaciones se mantuvieron y qué decisiones operativas se adoptaron", agrega.
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Por ello, la acusación popular unificada solicita una serie de diligencias como solicitar al Estado Mayor de la Defensa, la Guardia Civil y otras instituciones que conserven los datos de radares, sensores y comunicaciones de radio y de mando sobre la actividad de buques militares marroquíes en aguas próximas a Ceuta.
También pide documentación al Ministerio de Defensa y algunas comunicaciones diplomáticas y gestiones realizadas con Marruecos por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante los días de la entrada masiva.
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Y reclama identificar a los mandos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ceuta en esas fechas, así como a los responsables operativos que hubieran tenido conocimiento de la presencia de buques militares marroquíes.
Con ello, Iustitia Europa busca determinar si la Guardia Civil "detectó la presencia de unidades navales marroquíes en aguas españolas, cuándo tuvo conocimiento de ella, qué actuaciones realizó, qué instrucciones recibió y qué autoridades civiles o militares fueron informadas".
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En esta causa, la magistrada María Tardón investiga la entrada masiva de migrantes procedentes del país vecino en Ceuta. En un informe, la Policía Nacional responsabilizó a las fuerzas de seguridad marroquíes del "guiado activo de la masa hacia los lugares de paso", señalando que hubo "planificación" tanto "previa" como "táctica".
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