Vox se querella contra el delegado del Gobierno en Madrid y los organizadores de la acampada en Sol

Vox ha presentado este martes una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación administrativa por omisión, en relación con la acampada instalada desde finales de septiembre en la Puerta del Sol.

La formación también se querella contra varios portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y de la Coordinadora Juvenil Socialista, así como contra otros promotores y organizadores por un presunto delito de reunión ilícita al considerar que no habrían tratado de impedir la presencia de personas con objetos peligrosos en el campamento.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Vox ejerce la acusación popular y sostiene que la Delegación del Gobierno habría omitido actuaciones para investigar hechos con apariencia delictiva que, según afirma, fueron puestos en su conocimiento por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, además de haber sido recogidos en informaciones periodísticas.

La querella atribuye a Martín un presunto delito del artículo 408 del Código Penal, por la supuesta omisión intencionada del deber de promover la persecución de delitos, y otro de prevaricación administrativa en comisión por omisión, previsto en los artículos 404 y 11 del mismo texto legal.

En concreto, Vox sostiene que las administraciones madrileñas trasladaron a la Delegación del Gobierno información sobre la presencia de cuchillos de gran tamaño y piedras en el campamento, posibles daños en elementos patrimoniales e incidentes con profesionales de la información, sin que, según el partido, se adoptaran las actuaciones necesarias para identificar a los posibles responsables e investigar los hechos.

CUCHILLOS, DAÑOS EN EL PATRIMONIO E INCIDENTES CON PERIODISTAS

El escrito sitúa el inicio de la acampada en la noche del 26 al 27 de septiembre, tras una manifestación contra los desahucios convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Según recoge la querella, el 28 de septiembre la propia Delegación del Gobierno cifró en unas 3.000 las personas congregadas y, el 3 de octubre, las informaciones citadas por Vox apuntaban a más de 2.000 tiendas de campaña, con una ocupación que se extendía también por la calle del Arenal.

La formación asegura que no consta que los organizadores comunicaran previamente la concentración a la autoridad gubernativa, como establece la normativa para las reuniones en lugares de tránsito público, y destaca que el campamento se ha mantenido sin una fecha de finalización definida.

Entre los hechos que fundamentan la querella, alude a un informe de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que, según el escrito, recoge pintadas y grafitis en elementos de la Real Casa de Correos, edificio declarado Bien de Interés Cultural, además de actuaciones sobre la escultura del Oso y el Madroño y sobre ventanas y rejas de la fachada.

La querella incluye asimismo los incidentes denunciados por distintos medios de comunicación durante la cobertura de la acampada. Entre ellos, recoge la presunta agresión a un operador de cámara del programa 'Código 10' el 28 de septiembre, así como otros episodios en los que periodistas habrían sufrido increpaciones, obstáculos para grabar o intentos de arrebatarles material.

Vox sostiene que estos hechos, junto con los daños patrimoniales y la posible presencia de objetos peligrosos, exigían que la Delegación del Gobierno promoviera las actuaciones correspondientes para esclarecerlos y determinar sus posibles responsables.

SEÑALA A PORTAVOCES DEL SINDICATO Y DE LA COORDINADORA JUVENIL SOCIALISTA

La querella se dirige también contra Alicia R, Valeria R., Carolina V. y Fernando S., identificados en el escrito como portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, organización que convocó la manifestación tras la que comenzó la acampada.

Asimismo, señala a Carlota F. y a Marta H., identificadas como portavoces de la Coordinadora Juvenil Socialista, cuya marcha del 2 de octubre partió de la Puerta del Sol. También incluye a Quico C., identificado como miembro de la Comisión de Urbanismo del campamento, y a los demás promotores y organizadores que puedan determinarse durante la instrucción.

En relación con estos querellados, Vox les atribuye un presunto delito del artículo 514.1 del Código Penal, en relación con el artículo 513.2, que contempla la responsabilidad de los promotores o directores de reuniones o manifestaciones a las que concurran personas con armas u objetos peligrosos cuando no hayan tratado de impedir esa circunstancia por todos los medios a su alcance.

La formación argumenta que la acampada cuenta con una estructura organizativa propia, con una Asamblea General y distintas comisiones, entre ellas la de Urbanismo, que habría intervenido en la distribución de las tiendas y en la organización del espacio. A su juicio, esta estructura permitiría identificar a las personas que adoptaban decisiones sobre el funcionamiento y la continuidad del campamento.

LA QUERELLA LLEGA TRAS EL RECHAZO DEL DESALOJO CAUTELAR

El partido también hace referencia al procedimiento contencioso-administrativo promovido por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para reclamar medidas que permitieran desalojar la acampada por la supuesta inactividad de la Delegación del Gobierno.

Según recoge el escrito, el tribunal rechazó el 5 de octubre las medidas cautelarísimas solicitadas y, el 7 de octubre, desestimó la medida cautelar al considerar que en esa fase no estaba acreditada la inactividad administrativa denunciada.

Vox sostiene que esta resolución, de carácter cautelar, no se pronuncia sobre la eventual responsabilidad penal de Martín ni sobre su supuesto deber de promover la investigación de hechos con apariencia delictiva.

La formación también afirma haber remitido escritos al Ayuntamiento y a la Delegación del Gobierno para instar el desalojo inmediato de la zona, sin haber recibido, según indica, contestación.

SOLICITA DECLARACIONES Y LA RECOGIDA DE PRUEBAS

Entre las diligencias, solicita que se cite a declarar al delegado del Gobierno y a los promotores y organizadores identificados en la querella, así como que se incorporen las grabaciones disponibles de cámaras públicas de la Puerta del Sol, el entorno de la Real Casa de Correos y la calle del Arenal entre el 26 de septiembre y el 8 de octubre.

También pide que la Delegación del Gobierno aporte las comunicaciones recibidas, los requerimientos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, las respuestas emitidas y la documentación relativa a posibles actuaciones policiales sobre objetos peligrosos, daños e incidentes con periodistas.

Asimismo, reclama a la Policía Nacional y a la Policía Municipal los atestados, denuncias, partes de servicio, actas de identificación y demás documentación relacionada con los hechos denunciados. Por último, solicita una pericial para determinar la naturaleza y el alcance de los daños en la Real Casa de Correos y en la escultura del Oso y el Madroño, así como su coste de reparación.