Madrid, 13 oct (EFE).- El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha presentado este martes una hoja de ruta a veinte años, con 31 medidas a corto, medio y largo plazo, para construir un nuevo sistema residencial que resolvería la crisis de la vivienda.
El nuevo sistema adaptaría la producción de vivienda a las necesidades demográficas y laborales de cada territorio, a base de movilizar suelo, agilizar la administración y recuperar la confianza en el alquiler.
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El llamado "Informe sobre la vivienda. Política integral para un problema social" considera que ninguna actuación aislada resolverá la crisis y reclama continuidad institucional más allá de las legislaturas, combinando intervención pública, iniciativa privada y protección social.
Su presidente, Fernando Jesús Santiago Ollero, ha apelado en la presentación del informe a la necesidad de un "pacto de Estado" y ha explicado que en los próximos días remitirá el documento a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre.
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De las treinta líneas de actuación que desarrolla, estas diez son las que concentran la prioridad más alta por su impacto potencial sobre el déficit de vivienda (750.000 según el Banco de España) y el esfuerzo de acceso (ocho años de sueldo, el más alto desde el auge de la burbuja):
• Elaborar un Programa Nacional de Producción Residencial, priorizando las seis provincias que concentran el 52,5% del déficit: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga.
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• Movilizar el patrimonio público de suelo.
• Simplificar y revisar los procedimientos administrativos.
• Elaborar un Inventario Nacional de Suelo Disponible a partir de una diferenciación por la cual todo aquel suelo que no esté protegido ni tenga calificación de superficie cultivable será automáticamente susceptible de ser urbanizado.
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• Agilizar los procesos de transformación urbanística, hoy superiores a ocho años de media.
• Diversificar las modalidades de acceso a la vivienda, incluyendo cooperativas en cesión de uso.
• Consolidar un marco estable de colaboración público-privada.
• Crear un sistema público-privado de garantía frente al impago en el alquiler de vivienda habitual.
• Establecer una compensación automática al pequeño propietario en caso de suspensión de lanzamiento por vulnerabilidad.
• Regular el alquiler de temporada exigiendo causa objetiva y acreditable en aquellos lugares donde las limitaciones de superficie son insalvables (por ejemplo, las islas).
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Entre las prioridades figura la puesta en marcha de una Estrategia Nacional del Sistema Residencial a veinte años, acompañada de un Programa Nacional de Producción Residencial que concentre sus actuaciones en las seis provincias con mayor déficit de vivienda.
El plan contempla movilizar el patrimonio público de suelo y crear un Inventario Nacional de Suelo Disponible para identificar los terrenos que puedan destinarse a nuevos desarrollos residenciales.
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También propone agilizar la transformación urbanística, cuyos procedimientos, según el informe, superan actualmente los ocho años de media.
La propuesta incluye además mantener una producción de vivienda sostenida y acorde con la creación de nuevos hogares, así como garantizar que las viviendas construidas con un apoyo público relevante conserven su función asequible durante décadas.
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Para la simplificación de los procedimientos administrativos, los gestores plantean revisar las cargas burocráticas, mejorar la coordinación entre las administraciones urbanísticas e implantar un expediente digital único que permita agilizar la tramitación de los proyectos residenciales.
El informe también propone establecer un sistema nacional de indicadores del ciclo residencial para medir los tiempos de tramitación, evaluar la evolución de la oferta y comprobar el cumplimiento de las medidas adoptadas.
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Para impulsar estas actuaciones, el consejo ofrece su colaboración técnica en la identificación de cargas administrativas y en el diseño del expediente digital único, además de poner a disposición de las instituciones su red de colegios profesionales en todas las provincias.
El documento advierte de que aumentar la construcción no resolverá por sí solo las dificultades de acceso a la vivienda de los hogares que actualmente no pueden afrontar el coste del alquiler.
Por ello, propone diversificar las opciones residenciales mediante cooperativas en cesión de uso y fórmulas de alquiler asequible.
En el mercado del alquiler, plantea crear un sistema público-privado de garantía frente al impago y regular el alquiler de temporada mediante una causa objetiva y acreditable.
Asimismo, defiende revisar la normativa de arrendamientos desde 2019 y establecer un marco de seguridad jurídica que proteja tanto a los inquilinos como a los propietarios que cumplen la ley.
La organización sostiene también que la protección de los hogares vulnerables debe financiarse con recursos públicos, en lugar de trasladar esa responsabilidad a particulares.
El plan distribuye su ejecución en tres horizontes temporales, en el primero de los cuales -los primeros cien días- propone reforzar la coordinación entre administraciones urbanísticas, auditar las cargas administrativas, definir el marco de causas objetivas para el alquiler de temporada y revisar la normativa de arrendamientos.
A lo largo de una legislatura, plantea poner en funcionamiento el sistema nacional de indicadores, activar el Programa Nacional de Producción Residencial y el Inventario de Suelo, implantar el expediente digital único, establecer una línea estable de rehabilitación y desarrollar el sistema de garantías frente al impago del alquiler.
A veinte años, el objetivo es consolidar una producción residencial sostenida, ampliar el parque público protegido de forma permanente, estabilizar la colaboración público-privada e institucionalizar la evaluación continua de las políticas de vivienda.
Como medida concreta para poner en marcha sus propuestas, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España reclama abrir una mesa de trabajo entre el Ministerio de Vivienda, las comunidades autónomas y los colegios profesionales.
Ésta tendría como objetivos desarrollar el expediente digital único, reducir las cargas administrativas e implantar el sistema nacional de indicadores del ciclo residencial.EFE
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