Bruselas advierte que la “prioridad nacional” de PP y Vox en vivienda y ayudas sociales puede vulnerar el derecho europeo

La Comisión Europea ha puesto en entredicho la legalidad de las cláusulas de la “prioridad nacional” impulsadas por Vox y pactadas con el PP en varios parlamentos autonómicos para el acceso a prestaciones públicas y vivienda. Según el criterio de Bruselas, este tipo de medidas resultan “indirectamente discriminatorias” si perjudican de forma intrínseca a los nacionales de otros estados miembros o de terceros países, “a menos que esté justificada y sea proporcionada”.

Unas aclaraciones que figuran en un escrito firmado por el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, del Partido Popular Europeo (PPE), que responde a una pregunta formulada por el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà. Planteó si esas disposiciones respetaban los principios de igualdad y no discriminación del derecho comunitario.

En dicha respuesta, adelantada por la Cadena SER y que data del 10 de septiembre, Brunner recuerda que los residentes de larga duración de la Unión Europea (UE) tienen garantizada la igualdad de trato con los nacionales del país de acogida en ámbitos recogidos en el artículo 11 de la Directiva 2003/109/CE, entre ellos las prestaciones de seguridad social, la asistencia social y los procedimientos para acceder a la vivienda.

“Es discriminatoria si afecta a los nacionales de otros estados miembros o a los nacionales de terceros países”

El comisario añade que el Tribunal de Justicia de la UE ya aclaró que los estados miembros no pueden imponer de forma unilateral un requisito de residencia superior al periodo de cinco años fijado en el artículo 5 de esa directiva. Es decir, que cualquier política que establezca prioridad para los nacionales debe ajustarse a esta norma, que exige igualdad de trato entre ciudadanos nacionales y titulares del estatuto de residente de larga duración.

Además, Brunner precisa que la Directiva 2000/43/CE prohíbe la discriminación por origen racial o étnico, pero no cubre las diferencias basadas en la nacionalidad. Según explica, la jurisprudencia comunitaria ha consolidado que el principio de no discriminación veta no solo las discriminaciones directas por nacionalidad, sino también las indirectas, aquellas que, mediante otros criterios de diferenciación, “conducen de hecho al mismo resultado”.

“A menos que esté justificada y sea proporcionada, una disposición de derecho nacional es indirectamente discriminatoria si afecta intrínsecamente a los nacionales de otros estados miembros o a los nacionales de terceros países más que a los nacionales del estado de acogida y, en consecuencia, coloca a los primeros en una situación de desventaja. Esto se aplica, por ejemplo, a un requisito de residencia”, sostiene el comisario.

En concreto, desde Bruselas aclaran que la normativa aragonesa todavía no estaba aprobada cuando redactaron la respuesta y que la Comisión “no formula observaciones sobre proyectos de ley o propuestas”. No obstante, garantizó que el organismo “continuará siguiendo la evolución de la situación para velar por el cumplimiento del derecho de la UE”.

Diez años de empadronamiento en la Comunidad Valenciana para la vivienda protegida

A raíz de esta primera contestación, Marzà presentó una segunda pregunta centrada en la ley de acompañamiento aprobada por el PP y Vox en Les Corts valencianas a finales de julio, que habilita el desarrollo reglamentario del principio de “prioridad nacional” en vivienda pública y servicios sociales.

La norma exige un mínimo de diez años de empadronamiento histórico, continuado o interrumpido, en algún municipio de la Comunitat Valenciana y de España para poder solicitar vivienda protegida en compra. Desde Compromís indican que la Comisión todavía no ha respondido a esta segunda cuestión.

PP y Vox defienden la constitucionalidad de la medida

Antes del pleno de Les Corts de este martes, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, remarcó que el comisario europeo ya afirmó “claramente” que la prioridad nacional choca con el derecho comunitario y cuestionó la postura del PP ante las advertencias de un dirigente del PPE. Además, Baldoví anunció que incorporará la respuesta de Bruselas a la denuncia presentada ante el Defensor del Pueblo contra la ley de acompañamiento, por entender que vulnera la Constitución.

Desde el PP, Nando Pastor sostuvo que debe existir algún “malentendido”, ya que, según dijo, criterios similares de “arraigo” se aplicaron bajo gobiernos del PSPV, incluido el mandanto de Diana Morant como alcaldesa de Gandía, además de en otros municipios socialistas de la provincia. Pastor también dijo que confía en que Bruselas avale la constitucionalidad de las medidas.

Por parte de Vox, José María Llanos aseguró no albergar dudas sobre la constitucionalidad de la prioridad nacional y defendió fijar baremos que consideren el arraigo, la situación económica, la escolarización y la aportación a la seguridad social. “Esto es absolutamente legal y permitido por nuestra Constitución”, subrayó, al tiempo que remitió la decisión final a la propia Comisión Europea.