Covite denuncia que el Gobierno Vasco le "cierra el acceso a la información penitenciaria"

La asociación de víctimas del terrorismo, Covite, ha denunciado que el Gobierno Vasco "cierra el acceso a la información penitenciaria a las asociaciones de víctimas para obstaculizar la fiscalización de su política con los presos de ETA".

En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco de "dejar de comunicar las resoluciones penitenciarias relativas a los presos de ETA a las asociaciones de víctimas".

Para el colectivo, esta medida constituye "un ataque frontal a nuestro derecho de conocer y denunciar decisiones que afectan directamente al derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo", además, de "un intento de obstaculizar nuestra legítima denuncia pública de la política penitenciaria que está llevando a cabo ese Ejecutivo autonómico".

Ordóñez ha criticado que el Gobierno Vasco "utilice su obligación de informar directamente a las víctimas (Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito) como excusa para dejar de informar también a las asociaciones que las representan". "Que informen directamente a las víctimas afectadas por sus resoluciones es lo que deben hacer", ha subrayado.

La presidenta de Covite ha incidido en que "esa obligación no exige cerrar el canal de información con las asociaciones que ellas han elegido libremente para que las representen, les informen y defiendan sus derechos". "Ambos canales son compatibles y complementarios", ha opinado.

A juicio de Covite, resulta "especialmente grave que el Departamento justifique su decisión atribuyendo a las asociaciones falta de transmisión de información y filtración de aspectos protegidos de los expedientes, sin identificar en su nota los hechos concretos ni las entidades a las que se refiere".

Según Ordóñez, "no pueden lanzar sospechas sobre el conjunto de las asociaciones y utilizarlas para imponer un cierre general de información". "Si tienen alguna acusación que formular, que la concreten y la acrediten", ha afirmado, para subrayar a continuación que, "lo que resulta inaceptable es desacreditar públicamente a quienes defendemos a las víctimas para justificar una decisión que dificulta nuestro trabajo".

Ordóñez ha señalado que el Gobierno Vasco "culpa" a Covite "de que algunas víctimas no hayan recibido información, cuando es su obligación garantizar que la reciban" y cuando, además, algunas "víctimas, también las que no están asociadas, se están enterando de sus decisiones penitenciarias gracias a nuestras denuncias públicas".

"REPRESALIA"

"Es una contradicción absoluta: nos acusan de no informar y al mismo tiempo nos cierran el acceso a la información que nos permite hacerlo", ha aseverado. Para Ordóñez, la medida adoptada por el Ejecutivo Vasco supone "una represalia contra la denuncia pública de los terceros grados y de las aplicaciones del artículo 100.2 a presos de ETA que no han mostrado un arrepentimiento real y público".

Por otro lado, ha censurado que ha conocido esta decisión "por los medios de comunicación, sin que el Gobierno Vasco se la haya comunicado directamente".

Finalmente, ha incidido en que la medida supone "un maltrato institucional a las víctimas y a las asociaciones que libremente han elegido para que las representen" y ha advertido al Gobierno Vasco que no va a conseguir silenciarles cerrándoles el acceso a la información.