Consejeros de Gallardón acusados de la trama Lezo niegan que expoliaran Canal de Isabel II

Madrid, 7 oct (EFE).- Los abogados de dos consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón han pedido su absolución al estimar que no se ha probado que participaran en un expolio en Canal de Isabel II.

Lo han hecho en el primer juicio del caso de la supuesta trama de corrupción Lezo relacionada con el PP en la Audiencia Nacional, donde este miércoles se ha reanudado la vista de la primera pieza de esta causa, que se sigue por la compra en 2001 por la empresa pública madrileña Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares, autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

A juicio de la Fiscalía Anticorrupción la misma se ejecutó de forma irregular con un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos y "en beneficio exclusivo de los vendedores".

En el banquillo se sientan 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño en la época de Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte, junto con otros nueve procesados, del Consejo de Administración de Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad-, y también se sientan en el banquillo tres excargos de esta empresa.

A ellos se suman otros cinco acusados que según la Fiscalía habían sido ejecutivos de la sociedad Aguas de Barcelona S.A. (AGBAR) y que a través de la cual se vincularon profesionalmente con la sociedad colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. (Triple A), que era el principal activo de INASSA cuando tuvo lugar la operación de compra de Canal de Isabel II objeto del juicio.

Según mantuvo la fiscal en su informe en sesiones anteriores del juicio, estos cinco acusados se repartieron más de nueve millones de euros, fruto de la operación mientras que del resto del precio pagado se desconoce cuál fue su destino final.

Los 19 acusados se enfrentan a una petición de la fiscal de cuatro años y medio de prisión por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

Este miércoles las defensas han continuado emitiendo sus informes finales, entre ellas las de Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, consejeros de Medio Ambiente y de Hacienda en la época de los hechos, respectivamente, que han considerado que no se ha probado que impulsaran la operación teniendo conocimiento de un sobreprecio .

Los letrados han recordado que una decena de informes de distintas entidades valoraron la sociedad adquirida por encima del precio establecido y que los propios técnicos de Canal de Isabel II que se desplazaron a Colombia para evaluar la conveniencia de la compra estimaron su valor en 92 millones de dólares.

"No se ha acreditado que se estaba expoliando o dilapidando el patrimonio público", ha mantenido la defensa de Pedro Calvo.

Ha añadido que la operación fue aprobada por el Consejo de Administración del Canal de Isabel II, "un órgano extraordinariamente plural pues estaba formado por representantes de diferentes partidos, sindicatos y empresarios".

Según las defensas, los consejeros no ocultaron información al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que contó con los informes técnicos favorables para autorizar la operación, y han mantenido que los funcionarios que tramitaron el expediente contaron con toda la documentación y actuaron con libertad e independencia.

Los abogados de tres excargos de Canal de Isabel II, entre ellos el entonces director gerente, Arturo C.G., han destacado que la operación fue exitosa para la empresa. EFE