El exjefe de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha explicado este martes en el juicio que la investigación del denominado 'caso Cuarteles' se inició después de que la Jefatura de Asuntos Económicos alertara en 2017 de un incremento "exponencial" en la contratación de determinadas empresas, todas ellas pertenecientes al mismo propietario, para realizar obras en instalaciones del Instituto Armado.
La declaración del exresponsable de Asuntos Internos se produce en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra un teniente general retirado de la Guardia Civil y el empresario A. R. T., administrador de las tres sociedades adjudicatarias, para quienes la Fiscalía solicita un año de prisión por un delito de cohecho.
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El exmando, que actualmente ocupa el cargo de jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, ha relatado durante su declaración que la información recibida hacía referencia a un aumento de las contrataciones entre los años 2014 y 2017 respecto a ejercicios anteriores, lo que llevó a Asuntos Internos a iniciar una investigación sobre estos contratos.
Según ha explicado, en el primer informe elaborado por los investigadores se recogieron documentalmente distintos indicios que podían apuntar a la existencia de irregularidades en los procedimientos de contratación. En concreto, ha señalado que se detectaron posibles ilícitos de naturaleza administrativa e incluso penal.
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Entre las anomalías que se reflejaban en ese informe ha citado la existencia de facturas con el mismo número y contratos formalizados en fechas muy próximas, circunstancias que, según ha explicado, despertaron las sospechas de los investigadores.
El informe fue elevado posteriormente al superior jerárquico de Asuntos Internos, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, según ha relatado el exjefe de Asuntos Internos durante su declaración.
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OBRAS DE MEJORA
El exjefe también ha explicado que los investigadores pusieron el foco en el propietario de las tres empresas que resultaron adjudicatarias de distintos contratos para realizar obras de mejora en cuarteles de la Guardia Civil en diferentes puntos de España.
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En el marco de las pesquisas, los agentes comprobaron las sedes sociales de esas empresas y, según ha indicado, observaron que "indiciariamente" no presentaban actividad o movimientos que se correspondieran con la contratación que estaban obteniendo, lo que contribuyó a incrementar las sospechas sobre posibles irregularidades.
Durante la declaración, se ha exhibido además al jurado documentación relativa al histórico de contratación de estas empresas con la Guardia Civil. López ha señalado que en esa documentación se aprecia un incremento exponencial de las adjudicaciones a partir de 2016.
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DENUNCIA DE UN ANÓNIMO
En abril de 2018, Asuntos Internos recibió un escrito anónimo en el que se alertaba de supuestas irregularidades en obras realizadas en la Comandancia de Ávila. A raíz de esta comunicación, se elaboró un nuevo informe que fue posteriormente elevado a la autoridad judicial.
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Según ha explicado, se trataba de un informe más amplio que incorporaba también otro documento elaborado por la Jefatura de Asuntos Económicos en relación con la información contenida en el anónimo, así como documentación relativa a las obras objeto de investigación.
El análisis de esta documentación permitió, según el exjefe de Asuntos Internos, alcanzar conclusiones que apuntaban a la existencia de adjudicaciones presuntamente irregulares. Entre las actuaciones analizadas figuraban obras de pintura en las que los investigadores detectaron diferencias entre los trabajos que se habían ejecutado realmente y las cantidades que habían sido abonadas.
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El testigo ha explicado ante el jurado que estas discrepancias entre lo ejecutado y lo pagado constituyeron uno de los elementos documentales que sustentaron las sospechas de irregularidades en la contratación y ejecución de las obras.
La acusación sostiene que el teniente general, que tenía capacidad para descentralizar créditos destinados a gastos de la organización periférica de la Guardia Civil, se dirigió entre octubre y noviembre de 2016 a distintas comandancias para ofrecerles financiación para ejecutar obras de pintura y mejora de los cuarteles y que, al mismo tiempo, propuso como contratista al empresario.
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La defensa reclama la libre absolución de ambos acusados, mientras que las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se han adherido a la petición de la Fiscalía.
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