La primera legislatura sin presupuestos cierra con empleo récord y con crisis de vivienda

Madrid, 5 oct (EFE).- La primera legislatura de la democracia que no ha contado con un solo proyecto de presupuestos presentado cierra con crecimiento económico y récord de empleo, pero también con una grave crisis de vivienda y varias reformas de calado sin culminar debido a la compleja aritmética parlamentaria.

El Gobierno ha intentado atajar la crisis de vivienda mediante la eliminación de las 'golden visa', la creación de la nueva entidad estatal de vivienda Casa47 y planes estratégicos en construcción, aunque se ha encontrado con el rechazo del Congreso para sacar adelante medidas para extender la moratoria de desahucios o realizar prórrogas automáticas de alquileres.

Sí han salido adelante toda una batería de medidas para contener los precios por la escalada de la energía tras la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio o para apoyar crisis como la dana, mientras que se han quedado por el camino reformas legislativas de calado como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

También han sido los años del mayor despliegue del Plan de Recuperación, con más de 100.000 millones en fondos europeos que han contribuido a que el país se sitúe entre las economías europeas de mayor crecimiento económico en estos años, con alzas del PIB del 2,4 % en 2023, 3,7 % en 2024 y 2,6 % en 2025.

En estos años, el mercado laboral también ha batido récord de ocupación, por encima de los 22 millones de cotizantes, impulsado por el tirón del empleo extranjero con un proceso de regularización extraordinario.

Asimismo han subido los salarios, aunque el alza de precios y el incremento del coste de la vivienda han limitado la mejora de poder adquisitivo de los hogares.

En materia de pensiones, se han seguido revalorizando de acuerdo con el IPC en aplicación de la reforma aprobada en la anterior legislatura, mientras que se han cerrado algunos flecos pendientes como la jubilación flexible o demorada.

La legislatura cierra sin que se haya llegado a cumplir ni una sola vez la obligación constitucional de presentar cada año un proyecto de presupuestos -algo que no había ocurrido nunca en democracia-, lo que ha obligado a mantener en vigor las cuentas de 2023 con tres prórrogas y numerosas modificaciones para intentar adaptarlas a una situación económica muy distinta.

También queda incumplido el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica, caducado desde hace más de una década, ya que aunque el Gobierno elaboró una propuesta y consiguió aprobarla en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -con los únicos apoyos de Cataluña y Canarias-, nunca se abordó en el Consejo de Ministros.

Y aunque la ley para que el Estado asumiera más de 83.000 millones de deuda autonómica sí llegó al Congreso -donde superó en julio el trámite de veto-, tampoco llegará a aplicarse, ya que el texto decae con la disolución de las Cortes.

En materia tributaria, a falta de la prometida reforma fiscal, el Gobierno aprobó en 2024 un paquete con una batería de medidas como el impuesto complementario para garantizar una tributación mínima de las multinacionales, la conversión en permanente del impuesto bancario, una subida de tipos para las grandes rentas del capital o un gravamen para los vapeadores.

Junto a ello, se ha ajustado cada año el IRPF para que el salario mínimo no tribute y los sucesivos paquetes anticrisis han ido acompañados de ajustes tributarios temporales -desde bajadas del IVA para la electricidad, el gas o los alimentos hasta menores tipos para el impuesto de hidrocarburos-, pero también algunos permanentes, como la progresiva desaparición del impuesto de generación eléctrica.

Estos ajustes no han impedido que la recaudación tributaria bata récords cada año, contribuyendo así a bajar progresivamente el déficit público, aunque el aumento de los gastos ha sembrado ciertas dudas sobre el cumplimiento de las reglas fiscales.

En materia laboral y de Seguridad Social, uno de los principales avances de esta legislatura ha sido la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha pasado de los 1.080 euros mensuales en 2023 a los 1.221 euros en este ejercicio, un incremento del 13 %.

Y, precisamente, este es uno de los primeros asuntos que el adelanto electoral deja sin margen.

Lo mismo ocurre con la reforma del registro horario que el Ministerio de Trabajo impulsó tras quedar truncada en el Congreso su iniciativa estrella: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Trabajo, que ha mantenido abiertas distintas mesas de diálogo social durante esta legislatura, no ha logrado cerrar grandes pactos tripartitos en ningún tema a diferencia de lo ocurrido en la legislatura pasada con una patronal CEOE mucho más distanciada.

Siguen pendientes además normativas como el Estatuto del Becario, de nuevo paralizado en el Congreso desde marzo, o la reforma de la prevención de riesgos laborales.

Tampoco llegaron a tramitarse los cambios previstos para ampliar los permisos por fallecimiento, mientras que sí se aprobó la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor, de 16 a 19 semanas para cada progenitor, y hasta 32 semanas en el caso de las familias monoparentales o monomarentales.

En materia de Seguridad Social, han quedado pendientes medidas sobre la incapacidad temporal (IT), en medio del debate sobre cómo contener el creciente gasto en esta prestación y de las propuestas planteadas por patronal y sindicatos, y avanzar en el desarrollo del sistema para que los trabajadores autónomos coticen por sus ingresos reales.

En otros ámbitos, el proyecto de Ley de Industria, que se aprobó en Consejo de Ministros en diciembre de 2024, permanece bloqueado en el Congreso, donde acumula sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas.

También permanece pendiente la regulación de los centros de datos. El Gobierno aprobó a finales de agosto la tramitación urgente de un proyecto de real decreto para establecer requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de soberanía digital para estas instalaciones, que posteriormente fue sometido a audiencia pública. EFE