Madrid, 3 oct (EFE).- Más Madrid y el PSOE, así como las denunciantes han calificado de "vergonzosa" la actuación del Gobierno autonómico madrileño tras las denuncias presentadas por un grupo de usuarias y trabajadoras por deficiencias de funcionamiento, malos tratos y vejaciones en la casa de acogida número 4 de Madrid para víctimas de violencia de género.
Así lo han expresado a EFE tras conocer que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arganda del Rey (Madrid), plaza número 1, ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones seguidas contra la directora del centro.
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La presidenta de la Casa de las Mujeres de Vallekas, María del Carmen Díaz Bermejo, que trasladó los testimonios de las afectadas a la Fiscalía, ha censurado "la dejadez del Juzgado y del Ministerio Público en la investigación de lo sucedido" y ha afirmado que es "una vergüenza que un grupo de personas tan vulnerables se hayan quedado en la calle, desamparadas, porque no podían soportar este proyecto".
"La Comunidad de Madrid se va de rositas, el proyecto sigue en marcha y la empresa continúa igual, con una sanción ridícula", ha afirmado Díaz Bermejo, quien ha cargado contra la Administración regional por no controlar ni vigilar cómo funcionan los recursos gestionados por empresas privadas.
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Una de las trabajadoras crítica con las prácticas de la dirección de la casa de acogida, que prestó declaración ante el juez en la fase de investigación, ha sostenido que el procedimiento ha sido "un desastre", ya que las mujeres denunciantes se han sentido "cuestionadas", "no escuchadas" y "con escaso tiempo" para exponer los hechos, mientras que la parte contraria tuvo "mucho tiempo" para defender su posición.
Una de las denunciantes ha lamentado que "todo lo que nos hicieron no haya tenido ninguna consecuencia" y ha mostrado su "tristeza" por haber entrado en este recurso "con muchos miedos" y por haber salido "con otros miedos añadidos" gracias a las personas que tenían que brindarle la ayuda y las herramientas para superar la violencia de género.
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A la diputada de Más Madrid en la Asamblea Mariana Arce le parece "una vergüenza" que la Comunidad de Madrid haya sancionado a la empresa con una cantidad "irrisoria" de 3.000 euros, divididos en dos multas: una de 1.500 euros por no tener las profesionales del centro la titulación adecuada y otra de "solo" 1.500 euros por trato vejatorio a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas.
Arce ha mostrado su preocupación por "la violencia institucional" que han sufrido estas mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por parte del personal que debería haberlas cuidado.
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En su opinión, estos casos deberían estar controlados por la Comunidad de Madrid sin que tengan que ser las víctimas y las trabajadoras las que denuncien estas prácticas.
La parlamentaria socialista Lorena Morales ha dicho que "se le tendría que caer la cara de vergüenza a la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, que en ningún momento ha acompañado a estas mujeres que son usuarias de uno de sus centros y cuyos testimonios son aterradores".
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El día de la toma de declaración fue "un caos" porque "nadie estaba con ellas, las dejaron solas y ni siquiera estuvo presente la Fiscalía", ha precisado Morales, quien ha acusado a la consejera de "poner la vida de las mujeres en el mercado al peor postor, sin consecuencias, porque la sanción a esta empresa ha sido miserable".
A su juicio, el Gobierno madrileño lanza un mensaje "demoledor" para las mujeres que escapan de la violencia de género y para toda la sociedad. EFE
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