Madrid, 3 oct (EFE).- La proliferación de proyectos para instalar en España nuevos centros de datos, una infraestructura clave para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), ha elevado el tono de las protestas de organizaciones ecologistas y colectivos vecinales en algunas comunidades autónomas, en especial Aragón, Extremadura y Castilla y León.
Los ecologistas, que han recurrido incluso a los tribunales, se quejan de su elevado consumo de energía eléctrica y agua, y tratan de influir en la normativa que prepara el Gobierno, muy criticada, en sentido contrario, por las empresas promotoras y por comunidades como Aragón, Andalucía o Madrid, que defienden su impacto positivo en la economía.
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En Aragón, una de las comunidades con más proyectos y, también, con más oposición, la plataforma 'Salvemos los Pinares de Venecia' ha convocado ya varias movilizaciones para defender ese espacio natural, situado en el distrito de Torrero, en Zaragoza.
Aunque las protestas se dirigían inicialmente contra la ampliación del parque de atracciones y de los viales de acceso, la última protesta convocada llevaba como lema: "¡Ni centros de datos ni viales, protejamos los pinares!".
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La plataforma se opone al centro de datos que proyecta Microsoft por su impacto ambiental y rechaza que se destinen agua y energía a esa instalación.
En paralelo, el colectivo 'No es sequía, es saqueo' ha exigido que la normativa estatal sobre centros de datos restrinja su acceso a los recursos hídricos en situaciones de escasez.
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El pasado lunes, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola, aseguró que el consumo de agua previsto en los centros de datos proyectados será "comedido".
En Aragón se ha presentado una treintena de proyectos para construir centros de datos, entre ellos los que promueven Microsoft, Amazon Web Services (la filial de servicios en la nube de Amazon) y el fondo de inversión Blackstone.
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Los responsables autonómicos destacan que las inversiones en centros de datos en Aragón ascenderán a 70.000 millones de euros y permitirán la creación de más de 9.000 empleos cualificados.
De hecho, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha criticado el real decreto elaborado por el Gobierno central para regular el sector.
En su opinión, el texto (ahora en fase de análisis de las alegaciones) puede "torpedear" unos proyectos que suponen "una oportunidad para toda una generación".
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El real decreto exige que los centros de datos cuenten con instalaciones de energías renovables que cubran su elevado consumo de electricidad.
En Extremadura, Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Gobierno autonómico que declaró proyecto de interés público el centro de datos que promueve Merlin Edged (sociedad participada por Merlin Properties y Edged Energy).
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El recurso ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Ecologistas en Acción acusa a la Junta de Extremadura de "extender la alfombra roja a proyectos depredadores de recursos".
Según sus cálculos, si los centros de datos proyectados en Badajoz, Navalmoral de la Mata, Valdecaballeros y Cáceres funcionaran de forma continuada, consumirían el equivalente a toda la energía eléctrica generada en Extremadura.
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En la misma línea, proliferan las críticas en Zamora por el alto consumo energético del futuro centro de datos de Monfarracinos.
Colectivos como 'Ecologistas Zamora' o 'Zamora en pie' han pedido ya que se paralice el proyecto, que supondrá una inversión de 4.600 millones de euros.
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Por el contrario, la Junta de Castilla y León ha defendido su impacto positivo en la economía de la región y en la creación de empleo.
En la Comunidad de Madrid, Ecologistas en Acción ha alertado del impacto ambiental que podría tener la instalación de un segundo centro de datos en Getafe.
Frente a las críticas de los ecologistas, las compañías eléctricas recuerdan que la potencia instalada en España, buena parte de origen renovable, supera ampliamente el consumo actual, lo que deja margen para ese tipo de proyectos. EFE
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