PSOE lleva al Tribunal de Cuentas el ático de Chamberí por "perjuicio patrimonial" y reclama conocer quién dio la orden

El PSOE de Madrid ha reclamado al Tribunal de Cuentas que investigue la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de 6,3 millones de euros en Chamberí al advertir indicios de un presunto "perjuicio patrimonial" y reclama, entre otros, que identifique quién impulsó la operación y con qué "necesidad concreta".

Así contra en la denuncia presentada, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que también pide esclarecer cómo se fraguó la operación, desde si hubo un acuerdo específico del consejo de administración de Planifica Madrid para aprobar la selección, el precio, las arras y la inversión; así como que controles presupuestarios, técnicos o jurídicos eran exigibles y si se activaron.

El objetivo es que las "opacas maniobras" para "comprarse un aticazo" no queden "impunes", como ha afirmado la portavoz del partido en la Asamblea, Mar Espinar, en declaraciones remitidas a Europa Press.

"Que averigüe todos los tejemanejes de este chanchullo, porque frente a la dignidad de Mari Carmen y de quienes están luchando por el derecho a una vivienda, Madrid no merece la indignidad de una presidenta que puso a bailar a toda la comunidad para comprarse un casoplón", ha sentenciado la socialista.

En el cuerpo, trasladan al Tribunal de Cuentas que en la información trasladada por la Comunidad sobre la compra del ático --después de la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín-- no figuran un acuerdo específico del consejo de administración relativo a la compra ni un expediente de necesidad previo ni uno específico de control presupuestario o fiscalización de la adquisición.

CRONOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN QUE RECLAMAN

Junto a esta situación comparten una cronología de los distintos pasos documentados desde el acuerdo de confidencialidad del 3 de febrero de 2026 hasta el 15 de septiembre cuando se formaliza el fin del alquiler del espacio por Planifica Madrid a la Comunidad.

Para el resto no identificado --desde la autorización de la señal a la del desembolso del coste a la decisión de iniciar las negociaciones-- pide que se investigue y se conozca a la persona que propone dar el paso, a la que lo autoriza, a la pagadora así como la fecha, la cuenta bancaria y el órgano que recibió la información.

Los socialistas también ponen el foco en que no tienen en su poder un documento en el que se explicite la "necesidad concreta" que justificó la decisión de compra antes del 27 de febrero y señalan que la "la confección de una memoria de necesidad con fecha 2 de julio de 2026, posterior a la consumación de la compra" implicaría que se buscó dar "cobertura retrospectiva" a este desembolso.

Asimismo cuestionan que en la documentación aportada no hay acuerdos específicos del consejo de administración que den luz verde a los distintos movimientos. Sobre esta entidad piden "la partida o previsión de capital imputada, el estado de flujos de efectivo, la previsión de tesorería, las modificaciones presupuestarias, las autorizaciones de Hacienda o de la Consejería de adscripción, los documentos de autorización y ordenación de pagos y los asientos contables completos".

El PSOE también pone en el foco que en la documentación aportada no consta búsqueda de otros inmuebles o consulta de mercado, al tiempo que apunta que la tasación independiente del 13 de febrero fijó un valor 57.115 euros más bajo que el pagado sin incluir impuestos.

"La tasación formuló advertencias acerca de discrepancias entre superficies registrales y comprobadas; de la existencia de parte de la terraza cerrada o acondicionada sin reflejo registral; de la falta de estatutos o certificación de la comunidad que permitieran conocer determinadas restricciones; y de la ausencia, en aquel momento, del certificado de eficiencia energética", recapitula el partido.

Sostienen los socialistas que se habría decidido y comprometido la compra sin la información o controles exigibles y piden que se cuantifique cuánto "perjuicio" se ha tenido tras la "utilidad obtenida" hasta que se ha vuelto a poner en venta.

INDICIOS DE "NEGLIGENCIA GRAVE"

En resumen los socialistas apuntan a indicios de "negligencia graves". Por un lado señala el importe "extraordinario" de la inversión, los 630.000 euros de arras y la "la ausencia aparente de aprobación societaria específica".

También apunta a la "falta aparente de memoria previa de necesidad" o los informes de "valoración de riesgos ante las arras". Inciden también en las advertencias expresas de la tasación, y la ausencia "aparente" de análisis de alternativas.

Por último, apuntan a la necesidad de determinar documentalmente la cobertura económico-financiera de la inversión y los controles aplicables a una sociedad mercantil pública; así como a la "posterior desaparición de la necesidad de arrendamiento y resolución del contrato, sin posesión ni uso del inmueble".