
Un jurado Popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpable de homicidio a un acusado de matar a su pareja el 30 de diciembre de 2024 en el distrito madrileño de Usera, un crimen que se cometió cuando los compañeros de piso de la víctima se encontraban en la vivienda.
En el juicio, el procesado reconoció ante el tribunal que la atacó con un cuchillo durante una discusión después de que la mujer hubiera salido de fiesta sin él y regresara a casa en estado de embriaguez.
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"Pido disculpas. No quería llegar tan lejos. Se me fue de las manos", manifestó durante la vista oral Augusto M., a quien se acusaba de un delito de asesinato y quebrantamiento de orden de alejamiento respecto a Diana, de 29 años y origen paraguayo. Sin embargo, la fiscal cambió en el trámite de conclusiones finales la calificación jurídica a un delito de homicidio.
El procesado, de 60 años y origen dominicano, reconoció durante el interrogatorio que incumplió la orden de alejamiento que se le había impuesto. Según relató, el 22 de noviembre de 2024 se acordó que no podía acercarse a ella a menos de 500 metros. Pese a ello, ambos retomaron la convivencia.
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Sobre su relación, explicó entonces que comenzó en agosto de 2024 y que posteriormente ambos llegaron a convivir. En su relato, ha reconocido que mantenía celos y que las discusiones entre ambos estaban relacionadas, entre otras cuestiones, con las salidas de fiesta de Diana.
Según su versión, aquel día ella salió por la noche sin él y regresó posteriormente a la vivienda en estado de embriaguez. Fue entonces cuando se produjo una discusión en la habitación de la mujer y, en el transcurso de la misma, el acusado la atacó con un cuchillo.
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El asesinato tuvo lugar en una habitación de una vivienda compartida. En ese momento, estaban los compañeros de piso de la fallecida pero no se percataron de lo que estaba sucediendo al escuchar de forma habitual gritos entre la pareja.
"MÁXIMA ALERTA"
La acusación particular sostiene que la víctima se encontraba en una situación de máxima alerta policial tras haber denunciado en tres ocasiones a su expareja por malos tratos, por lo que considera que existió un fallo en las medidas de protección que debía recibir.
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Por este motivo, además de ejercer la acusación contra el procesado, su representación legal reclamará dichas indemnizaciones por los fallos en el funcionamiento de los servicios públicos de protección, al considerar que no se adoptaron las medidas necesarias para evitar el desenlace mortal.
El representante del Ministerio Público solicita una pena de 26 años de prisión por un delito de quebrantamiento de medida cautelar y otro de asesinato, al igual que reclama la acusación particular, que suma reincidencia como una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal. La Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación popular, reclama la misma pena de cárcel.
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HECHOS JUZGADOS
Según el relato del fiscal, el procesado mantenía desde agosto de 2024 una relación sentimental con la víctima. La Fiscalía recuerda que sobre el acusado pesaba una orden de alejamiento dictada el 22 de noviembre de 2024 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 11 de Madrid, que le prohibía aproximarse a menos de 500 metros de la mujer y comunicarse con ella por cualquier medio.
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En uno de los episodios de violencia de género la mujer tuvo que huir por el balcón de su vivienda. No obstante, sostiene que, siendo plenamente consciente de la vigencia de esa medida, reanudó la convivencia con la víctima antes del 30 de diciembre de ese año.
El fiscal relata que sobre las 2.00 horas del 30 de diciembre de 2024 ambos mantuvieron una discusión en la habitación que compartían a raíz de que la mujer hubiera salido de fiesta. Cuando la víctima se encontraba en ropa interior, preparada para acostarse y tras haber consumido alcohol, el acusado decidió acabar con su vida.
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Para ello, presuntamente cogió un cuchillo de cocina de 33 centímetros de longitud y le asestó varias puñaladas en el cuello y el tórax, alcanzando la arteria carótida y la vena yugular, lo que le provocó la muerte por un shock hipovolémico en un breve espacio de tiempo.
Tras los hechos, el acusado abandonó la vivienda y fue detenido ese mismo día por la Policía. Dos días después, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Madrid acordó su ingreso en prisión provisional.
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Para estos hechos, la Fiscalía solicita un año de prisión por el delito de quebrantamiento de medida cautelar y 25 años de cárcel por un delito de asesinato, al apreciar las agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género.
Asimismo, reclama la imposición de una medida de libertad vigilada durante cinco años una vez cumplida la pena y una prohibición de aproximarse y comunicarse durante 30 años con el hijo menor de la víctima.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público interesa que el acusado indemnice con 340.000 euros al hijo menor de la fallecida por la pérdida de su madre y con 85.000 euros a cada uno de los padres de la víctima.
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