Madrid, 30 sep (EFE).- La vigencia de dos años de la limitación de compra de viviendas para los "fondos buitre" que el Gobierno ha incluido en uno de los decretos ley de vivienda aprobados este martes en Consejo de Ministros se debe a la ponderación que se debe hacer al provocar la limitación de un derecho.
Fuentes del Ministerio de Vivienda han explicado este miércoles a los periodistas que la prohibición hasta el 31 de diciembre de 2028 de compra de viviendas por un precio inferior al 70 % de su valor se debe a la ponderación que se debe realizar como consecuencia de la limitación de algún otro derecho, en este caso a la propiedad privada o la libertad económica.
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Por lo tanto, aseguran que las distintas medidas que tienen previstas con plazos, como las zonas tensionadas, se deben a esta razón.
Esta medida está incluida en uno de los decretos ley que el Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros y que el viernes tendrá que convalidar el Congreso.
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También han subrayado que esta suspensión para estas entidades afecta a todo el país y no solo a las zonas tensionadas.
El texto establece que, hasta el 31 de diciembre de 2028, "toda entidad con o sin personalidad jurídica, que incluya en su objeto social la adquisición de inmuebles, tendrá limitada la adquisición de una vivienda, a título gratuito o a título oneroso, por un precio inferior al 70 % de su valor de tasación de mercado".
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La limitación no resultará de aplicación cuando la transmisión se produzca con las siguientes finalidades: para su destino a vivienda habitual a precio asequible o social durante un plazo mínimo de cinco años; si su destino es para personas que precisen atención sociosanitaria; para colectivos vulnerables, víctimas de violencia o si la empresa está adherida a un Código de Buenas Prácticas acordado con la autoridad competente en materia de vivienda.
Estas fuentes han explicado que en el Ministerio tenían que hacer una definición para fondos buitre que no se centrase exclusivamente en las carteras de inversión, ya que no tienen porqué ser los fondos, que en este momento están haciendo desinversión, los que realicen los desahucios y, como ahora están siendo otro tipo de entidades, han optado por definir el tipo de actividad.
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De este modo, han establecido el umbral de precio del 70 % como medida para definir la actividad de estas entidades. Si no objetivaban la definición con una cuantía concreta, no había garantía de aplicación. EFE
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