Zaragoza, 29 sep (EFE).- Alrededor de medio centenar de personas se han concentrado este martes ante una vivienda de la calle Orense, en el barrio zaragozano de Torrero, para tratar de impedir el desahucio de Esmeralda, una mujer víctima de violencia de género que reside en el inmueble con su hija de 11 años y para la que reclaman una alternativa habitacional.
El lanzamiento estaba previsto para las 10:00 horas por impago del alquiler de la vivienda, propiedad de un particular, según ha explicado a los medios Concha Cano, activista que acompaña a la afectada.
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Cano ha señalado que Esmeralda tenía unos ingresos de alrededor de 1.200 euros mensuales procedentes de un subsidio y del ingreso mínimo vital (IMV), pero su situación económica cambió después de que otra de sus hijas, que residía con ella junto a sus dos nietos, abandonara la vivienda.
Según su relato, Esmeralda comunicó este cambio de circunstancias a la Seguridad Social y el IMV quedó pendiente de una nueva valoración, por lo que actualmente percibe alrededor de 500 euros mensuales.
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La activista ha explicado que cuando el juzgado solicitó inicialmente al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) la valoración de la situación familiar, Esmeralda no fue considerada en situación de especial vulnerabilidad debido a sus ingresos.
Su abogado pidió posteriormente una nueva valoración al haber cambiado sustancialmente las circunstancias económicas, pero, según Cano, el IASS no la ha realizado al considerar que la situación ya había sido evaluada.
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La ley aragonesa 10/2016, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones sociales y el acceso a la vivienda, establece que los poderes públicos deben proporcionar una alternativa habitacional digna a las personas o unidades de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad que pierdan su vivienda habitual por un desahucio derivado del impago del alquiler.
No obstante, la suspensión del lanzamiento prevista específicamente por la ley aragonesa para los casos de especial vulnerabilidad tiene requisitos adicionales en los desahucios por impago de alquiler, entre ellos que quien promueva el lanzamiento sea un gran propietario o determinadas personas jurídicas, mientras que en este caso, según Concha Cano, el propietario es un particular.
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“Nosotros no estamos pidiendo que le paren el desahucio para que se quede la vivienda ni que el propietario, que además es un particular, tenga ningún problema”, ha subrayado Cano, quien ha explicado que el objetivo es aplazar el lanzamiento hasta que alguna administración, principalmente el Gobierno de Aragón, pueda proporcionar a Esmeralda y a su hija una alternativa habitacional.
La activista ha asegurado además que esta mujer, que fue víctima de violencia de género y tiene problemas de salud, se encuentra “muy asustada” ante la posibilidad de quedarse sin vivienda y por la situación que atraviesa su hija.
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La protesta se produce además en plena negociación del nuevo decreto estatal de vivienda que el Gobierno tiene previsto llevar este martes al Consejo de Ministros y que incluye nuevas medidas frente a los desahucios.
Cano ha confiado en que la movilización ciudadana permita ganar tiempo hasta conocer el alcance de esas medidas: "Lo que queremos es que lo paralicen para que cualquier institución, suponemos que el Gobierno de Aragón, le dé una alternativa habitacional". "No podemos dejar a Esmeralda en la calle con una niña de 11 años", ha zanjado. EFE
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