Madrid, 29 sep (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido "prudencia" para abordar una posible modificación de la ley de contratos públicos que permita, en sectores intensivos en mano de obra, trasladar el incremento de costes que supone, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
"Es una cuestión que preocupa al Gobierno", ha reconocido España en respuesta a la senadora del PNV María Dolores Etxano, que ha reclamado al Ejecutivo más flexibilidad en los contratos de servicios del sector público para afrontar las subidas salariales derivadas del SMI y de los convenios colectivos.
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"Hay contratos de servicios en los que la mano de obra constituye el principal componente del coste y cuando durante su ejecución esos costes aumentan por una subida del salario mínimo o la negociación colectiva, el actual sistema de revisión de precios no ofrece una respuesta adecuada", ha expuesto la senadora del PNV.
España ha reconocido que la parte salarial tiene un "impacto fundamental" en el coste de esas empresas, pero ha pedido "prudencia" ante una modificación que plantea "dudas" desde el punto de vista "de la oportunidad, eficiencia y equidad".
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"La contratación pública no puede convertirse en una isla, en un espacio diferente al resto (...) esto generaría un trato diferente entre las empresas que contratan con la Administración y el conjunto de empresas que operan en el mercado. Además, tenemos que preservar la seguridad jurídica, la igualdad entre licitadores", ha argumentado.
Durante la negociación del salario mínimo de este año, se llegó a plantear cambios en la ley de desindexación como forma de compensar a las empresas más afectadas por las subidas del SMI, una reivindicación compartida por patronal y sindicatos, pero que finalmente no salió adelante por la oposición del Ministerio de Hacienda.
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El Gobierno, ha concluido este martes España, "seguirá analizando la evolución de estos contratos y las dificultades que tienen".
Por otro lado, y sobre la implantación del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu, el titular de Hacienda ha defendido que se trabaja para hacer una implantación "gradual, coordinada y cuidadosa" con las pequeñas y medinas empresas (pymes).
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El Gobierno decidió posponer un año la entrada en vigor del reglamento Verifactu, que obliga a empresas y profesionales a adaptar sus sistemas informáticos de facturación para avanzar en la lucha contra el fraude, hasta el 1 de enero de 2027 para quienes tributan por el impuesto sobre sociedades y hasta el 1 de julio de ese año para el resto.EFE
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