María Alonso
Ceuta, 26 sep (EFE).- La creciente hostilidad hacia las ONG que atienden a migrantes en Ceuta ha llevado a algunas entidades a extremar las precauciones para proteger a su personal, ocultando sus distintivos, retirando los logotipos de los vehículos o restringiendo ciertas salidas a la vía pública.
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Organizaciones como Federación Sur Acoge, que agrupa a entidades que trabajan en la Frontera Sur, la ONG Luna Blanca o Cruz Roja se enfrentan a un clima social enrarecido con un goteo constante de insultos y amenazas en las calles en un contexto marcado por los discursos de odio.
El director general de Sur Acoge, José Miguel Morales, explica a EFE que la tensión ha ido en aumento a medida que avanzaba esta crisis que comenzó a mediados de julio.
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El ambiente de crispación ha quedado especialmente reflejado tras el ataque este domingo a un vehículo en el que viajaban el activista Rafael Borrego, la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras y la abogada de derechos humanos Sofía Cánovas, a quienes un grupo de manifestantes confundió con integrantes del colectivo navarro "Negu Gorriak/Derecho a Techo" y les agredieron con piedras.
"Aunque esto ha saltado a la prensa estos días, nosotros esa sensación de inseguridad la llevamos viviendo bastante tiempo. Compañeras nuestras han vivido amenazas e insultos por la calle", cuenta Morales antes de precisar que por el momento no han sufrido ninguna agresión física.
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Relata, no obstante, que sí reciben descalificaciones: "Me ha pasado ir con la furgoneta y escuchar a la gente decir 'Mira, esos son los que ayudan a los moros'", comenta.
Así, entre las medidas de autoprotección implantadas figura eliminar, tanto en vehículos como en trabajadores, cualquier identificación de que se pertenece a la entidad cuando no se están dedicando a las labores humanitarias, o incluso acompañar en todo momento por la calle a compañeras de origen africano para prevenir episodios de acoso.
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Estas situaciones no son exclusivas de Sur Acoge y, en algunos casos, han dificultado las tareas humanitarias de estas asociaciones.
La responsable de comunicación de Cruz Roja en Ceuta, Isabel Brasero, explica a EFE que el 27 de agosto un grupo de manifestantes realizó una sentada en la carretera de acceso a la playa del Trampolín para impedir el paso de los vehículos de la organización, que iba a repartir comida.
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También la educadora de la ONG Luna Blanca Halima Ahmed relata a EFE que sus trabajadores sufren insultos y ataques verbales. Les recriminan que ayuden a los migrantes y, además, en el caso del personal de origen marroquí, les gritan que "se vuelvan a su país", aunque sean ceutíes.
"Te dicen: '¿Por qué los ayudáis? Por vuestra culpa se están quedando, les facilitáis que se queden, porque si tuvieran hambre ahora volverían a su país'", comenta Ahmed.
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Respecto a la causa de estas actitudes, la educadora señala que, además de racismo, detrás hay también personas que han creído ciertos bulos y mensajes de odio difundidos en redes sociales.
En esa línea, desde Sur Acoge vinculan este repunte del rechazo a la ayuda humanitaria con el inicio del curso político tras el verano. Según analiza José Miguel Morales, en las primeras semanas de la crisis la tensión en las calles era menor, pero la apertura del debate político y la difusión de mensajes de odio en redes sociales están impulsando este resentimiento.
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"Esto no es casual. Gente de fuera de Ceuta en redes sociales y medios de comunicación se dedica a alimentar el odio, la sensación de apocalipsis y la idea de que Ceuta está invadida", afirma.
A este entorno de hostilidad se suma el desgaste acumulado por los propios equipos humanitarios. Morales detalla que el personal de Sur Acoge en Ceuta, formado mayoritariamente por mujeres, acumula un importante desgaste después de semanas de emergencia y afirma que están "hartos" y "cansados".
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Cruz Roja, por su parte, tiene a disposición de trabajadores y voluntarios asistencia psicológica durante esta emergencia humanitaria que su responsable en Ceuta califica de "sin precedentes".
Pese a las dificultades, las tres entidades mantienen su actividad. Morales reivindica que esta labor, que a su juicio beneficia también a los vecinos de Ceuta, debería ser reconocida en lugar de "criminalizarse" y pide, como sus compañeras, que las administraciones agilicen los protocolos necesarios para salir de esta situación y que Ceuta regrese lo antes posible a la normalidad. EFE
(foto) (vídeo)
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