El Tribunal de Cuentas ve "graves deficiencias" en los contratos de pulseras antimaltrato

Madrid, 23 sep (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha detectado "graves deficiencias" en la contratación y el seguimiento, por parte del Ministerio de Igualdad, de las pulseras antimaltrato para proteger a las víctimas de violencia machista, y concluye que la calidad del servicio "debe primar sobre el ahorro de costes y garantizarse la mejor tecnología posible".

El órgano fiscalizador ha presentado sus conclusiones tras analizar los contratos correspondientes a los años 2018, 2021 y 2023 -este último vigente hasta mayo de 2026- para la puesta en marcha del sistema telemático para el seguimiento de maltratadores, tras los problemas de las pulseras de control que afectaron, entre otras cuestiones a la geolocalización de las víctimas o sus agresores.

Ante la "importante alarma social" suscitada en 2024, el tribunal decidió fiscalizar dichos contratos celebrados por el Ministerio de Igualdad para la prestación del servicio, cuyo importe total ascendió a 102,6 millones de euros, de los cuales 42,6 millones correspondían al contrato de 2023 financiado, en parte, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), además de un contrato menor por 12.706,21 euros.

El informe señala que en los contratos de 2018 y 2021 no se previó un plan de transición, lo que produjo "deficiencias" que afectaron a la prestación del servicio, como problemas de acceso a la información histórica proporcionada por la anterior adjudicataria, que impidieron dar respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes.

El órgano fiscalizador indica que la situación se mantuvo hasta octubre de 2024, momento en que, coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad puso en marcha actuaciones para coordinar o arbitrar su solución.

Asimismo, expresa que tampoco se previó ese plan de transición en el contrato para el periodo 2023 a 2026, por lo que tuvo que procederse a la oportuna modificación contractual aprobada en julio de ese año.

En la fase de ejecución de ese contrato, el informe destaca que se produjeron también "graves deficiencias" durante prácticamente toda su vigencia que, si bien han sido resueltas, "comprometieron su efectividad" durante una parte del periodo fiscalizado.

Y detalla que esos fallos afectaron principalmente a "la fiabilidad" de los dispositivos, con interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías con baja autonomía o retrasos en las reparaciones.

El Tribunal de Cuentas señala que, ya en noviembre de 2025, cuando estos problemas habían tenido ya repercusión pública y el contrato estaba próximo a su finalización, el Ministerio de Igualdad encargó una auditoría tecnológica externa que "corroboró las vulnerabilidades críticas" detectadas en los dispositivos.

"Esta profusión de incumplimientos contractuales pone de manifiesto que los órganos del Ministerio de Igualdad no hicieron un seguimiento del contrato adecuado y no fue suficiente el plan de seguimiento ejecutado", sentencia, y añade que tampoco fueron fueran impuestas penalidades, más que en un caso, a pesar de los incumplimientos contractuales advertidos.

El órgano fiscalizador considera que en este tipo de contratos debe primar la calidad de la prestación del servicio "por encima del ahorro de costes", por lo que ve imprescindible asegurar la utilización de la mejor tecnología disponible para minimizar "hasta el extremo la posibilidad de que los agresores ejerzan cualquier tipo de violencia sobre las víctimas".

Entre sus recomendaciones para evitar estos problemas, también aconseja adoptar las medidas necesarias dirigidas a la mejora de la programación de las necesidades con el fin de evitar la tramitación urgente del expediente; reforzar en futuras licitaciones que se realicen verificaciones técnicas y periódicas de la seguridad del sistema; o imponer penalidades económicas ante los incumplimientos que se detecten. EFE