
El Tribunal Constitucional (TC) empezará este martes a estudiar los recursos de amparo presentados por dirigentes independentistas contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la ley de amnistía a la malversación, delito que los magistrados que investigaron y juzgaron a la cúpula del 'procés' consideran que no se dan las condiciones para ser perdonado. Entre ellos está el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención desde su huida a Bélgica en 2017.
Una vez que la corte de garantías avaló el año pasado la ley de amnistía rechazando los recursos de inconstitucionalidad presentados mayoritariamente por el PP, el Constitucional afronta ahora dar respuesta a Puigdemont y exconsejeros de su Ejecutivo frente a la interpretación que hace el Supremo para no aplicársela: la apreciación de un propósito de lograr beneficio personal de carácter patrimonial en su actuación durante el proceso independentista.
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La deliberación sobre los recursos de amparo llega después del respaldo a la medida de gracia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que descartó la otra premisa del Supremo para no conceder definitivamente la amnistía: que se afectó a los intereses financieros de la Unión Europea con el referéndum ilegal.
Para empezar, el TC tiene previsto abordar este martes el recurso de amparo del exconsejero y actual secretario general de Junts, Jordi Turull, en un pleno cuyo ponente será el magistrado José María Macías, del sector conservador y contrario a amnistiar la malversación en la línea seguida por el Supremo.
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El resto de recursos de amparo, que incluyen el de Puigdemont y los del exvicepresidente Oriol Junqueras o exconsejeros como Raül Romeva y Dolors Bassa, irán en plenos sucesivos, informó el TC.
EL SUPREMO MANTIENE SU 'NO'
El Constitucional vuelve así a entrar en escena con la amnistía, pocos días después de la decisión del Supremo de rechazar la petición de Puigdemont, que sigue procesado porque no fue juzgado dada su huida, para que se le amnistíe después de la sentencia del TJUE.
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Tampoco aceptó el magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, levantar la orden nacional de detención en su contra y subrayó que la postura del TJUE no resolvía sobre el propósito de obtener un beneficio personal que él aprecia respecto al 'procés'-
Además, el magistrado incidió en que las sentencias dictadas hasta la fecha por el tc sobre la constitucionalidad de la amnistía no resolvieron tampoco la aplicación discutida del beneficio personal.
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Unas resoluciones, expuso, que "no han dejado sin efecto la interpretación del beneficio personal realizada en esta causa, aunque tampoco constituyan una validación especifica de esa interpretación".
Sobre la petición de levantar la orden nacional de detención, Llarena señaló que se formulaba como consecuencia del archivo, doble persecución o aplicación de la amnistía, por lo que, al no prosperar, no procedía el alzamiento de la medida por tales motivos.
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LA INCÓGNITA DEL REGRESO
Eso sí, el instructor del 'procés' en el Supremo avisó de que su negativa "no declara irrevisables las medidas ni convierte la falta de amnistía en una justificación suficiente de cualquier restricción cautelar", sino que "se limita a rechazar el levantamiento por las razones ahora formuladas, sin excluir el examen que proceda ante otras circunstancias concretas", argumentó en un auto.
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Fuentes del Supremo ya indicaron a Europa Press que Llarena agilizará su decisión sobre aplicar la amnistía a Puigdemont cuando conozca los detalles de la sentencia que el Constitucional acuerde sobre el recurso de Turull y la argumentación que adopte sobre el supuesto beneficio patrimonial asociado al delito de malversación.
Si entiende que la respuesta del Constitucional al recurso de Turull es favorable a aplicar la medida de gracia a esa forma de malversación y extensible al resto de procesados, Llarena no esperará a que el TC dicte sentencia sobre el recurso de Puigdemont para decidir si le aplica la ley, según las mismas fuentes.
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Que el magistrado levante la orden de detención permitiría a Puigdemont volver a España sin temor a ser arrestado, algo sobre lo que desde su partido evitan especular por ahora. "No participamos de estos rumores. Somos prudentes en este sentido. Queremos ver las sentencias y esperamos que sean lo más rápido posible", manifestó esta semana en rueda de prensa el portavoz de Junts, Josep Rius.
Dicho eso, Rius volvió a pedir a los tribunales que apliquen "de una vez por todas" la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados en mayo de 2024 y refrendada por la justicia europea.
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