Spain DC avisa de que el decreto de centros de datos pone en peligro unos 9.000 millones

Madrid, 11 sep (EFE).- La asociación Spain DC ha rechazado este viernes el real decreto que regulará los centros de datos y ha avisado al Gobierno de que aprobar la normativa tal como está pondrá en peligro inversiones por valor de 9.000 millones de euros, previstas por tres de sus socios, que ya han dicho que se irán de España.

Así lo han explicado hoy en rueda prensa el presidente de la patronal española de centros de datos, SpainDC, Emilio Díaz, y la directora ejecutiva, Begoña Villacís, que se han referido, entre otros, a los requisitos de adicionalidad y correlación horaria que deberán cumplir estas instalaciones.

En resumen, la adicionalidad obligaría a los centros de datos que aún no estén conectados a la red a consumir energía de fuentes renovables instaladas como mucho 18 meses antes de la puesta en funcionamiento del centro de datos.

La correlación horaria, por su parte, significa que los centros de datos deben demostrar cada hora que el 80 % de la energía consumida procede de dichas fuentes renovables.

Estas obligaciones son "de imposible" cumplimiento dijo Díaz, que añadió que la patronal no entiende que se impongan unas restricciones que lastrarán la competitividad española en Europa y ahuyentarán las inversiones en España, con lo que también se verá afectada la soberanía digital del país.

"La suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable", señala.

También se queja la patronal de la actuación del Gobierno, que no ha contado con las empresas del sector para diseñar esta normativa, aunque le han tendido la mano para reunirse y negociar una norma que se ajuste mejor a las necesidades del sector.

La patronal calcula que los centros de datos atraerán entre 2026 y 2030 unas inversiones de unos 67.000 millones de euros, por lo que es "muy grave" que se perciba a España como el país más restrictivo y, por ende, menos atractivo para invertir, dijo Villacís.

En este sentido, Microsoft destacó ayer mismo que es muy importante que cualquier marco regulatorio ofrezca "seguridad jurídica, previsibilidad y condiciones que permitan seguir impulsando inversiones de largo plazo".

Villacís también calificó de "inadmisible" la sensación de inseguridad jurídica que provoca el decreto y explicó que la asociación también tiene dudas sobre el fondo jurídico del texto.

"Los centros de datos son necesarios y necesitamos infraestructuras para alojar internet" y todo el desarrollo tecnológico que vendrá. "Estamos hablando de más de 16.000 puestos de trabajo", explicó.

Reglas nuevas para proyectos ya en marcha

Uno de los principales motivos de rechazo del real decreto, explican, es que no afecta únicamente a futuras inversiones, sino también a proyectos que llevan años desarrollándose e invirtiendo bajo el marco regulatorio actual.

Las instalaciones que ya cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos tendrían seis meses para adaptarse, lo que significa que compañías que ya tiene comprometidos suelo, licencias, obra, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos con clientes deben empezar a planificar de nuevo "desde cero", según Spain DC.

"No podemos permitirnos que se nos perciba como el país que cambia las reglas de juego a mitad del partido, han lamentado Díaz y Villacís.

El proyecto ha desatado protestas de todo tipo no solo por parte del sector y de las grandes empresas del mismo como Templus, que ha presentado una enmienda a la totalidad, sino también de algunas de las Comunidades autónomas que contaban con acoger instalaciones de este tipo, como Aragón, Extremadura, Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha.

Por su parte, el Gobierno ha insistido este viernes en que aspira a un desarrollo "ordenado y eficiente" de los centros de datos en España, frente al interés del sector, concentrado en pocos territorios y con previsiones "irreales", según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que cifran en más de 600 las alegaciones recibidas al texto del decreto.

España está "en disposición de escoger los mejores centros de datos, los que aporten más beneficios", insiste el Ejecutivo, después de que distintos colectivos hayan criticado esta propuesta de real decreto, que busca regular la sostenibilidad energética y la soberanía digital de los centros de datos. EFE