Anticorrupción defiende la imputación de la expareja de Ábalos después de reconocer que cobró sin trabajar

La Fiscalía Anticorrupción ha defendido la imputación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en el 'caso Koldo' de la Audiencia Nacional (AN), argumentando que su declaración como testigo en el juicio del 'caso mascarillas' del Tribunal Supremo (TS), en la que admitió que cobró de dos empresas públicas sin trabajar, "resulta fiable" y "está corroborada" por "numerosos datos de prueba".

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Anticorrupción se pronuncia en contra de los recursos presentados por las defensas de Rodríguez e Ignacio Zaldívar, ex alto cargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), contra la imputación de ambos por la supuesta contratación irregular de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec entre 2019 y 2021, cuando Ábalos era ministro.

Tanto Zaldívar como Rodríguez fueron citados a declarar como investigados el pasado julio y ambos se acogieron a su derecho a no declarar. Joseba García, hermano de Koldo García, exasesor ministerial condenado por el 'caso mascarillas', fue llamado ese mismo día y negó haber participado en la contratación de la expareja de Ábalos en Adif.

En el caso de la expareja del exministro, Anticorrupción se remite a un escrito anterior en el que se mostraba a favor de citarla como investigada, después de que Rodríguez alegara, entre otros motivos, que los hechos ya habían sido juzgados en el juicio del 'caso mascarillas' del Supremo, en el que Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama fueron condenados a 24, 19 y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente.

MÁS DE 40.000 EUROS SIN IR A TRABAJAR

Y es que durante su declaración como testigo, Jéssica Rodríguez reconoció que no llegó a trabajar en Ineco y aseguró que Ábalos estaba al corriente de la situación. "Yo solamente tenía que hacer lo que Joseba y Koldo me pidieran. Yo cobraba y estaba a la espera de lo que me dijeran que tenía que hacer", explicó. La sentencia del juicio consideró probado que cobró más de 40.000 euros de las dos empresas.

En este contexto, Anticorrupción sostiene que "la declaración de hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo respecto a la participación de Jéssica Rodríguez en su contratación por Ineco y Tragsatec ha de implicar necesariamente una modificación de su situación procesal, pasando a adquirir la condición de investigada".

La Fiscalía argumenta que Rodríguez "fue contundente al afirmar que José Luis Ábalos conocía dicha realidad" y fue "a quien trasladó sus quejas por los requerimientos de información que estaba recibiendo".

La expareja de Ábalos "confirmó, igualmente, la percepción mensual de los salarios pactados y que durante el periodo en que estuvo contratada por ambas empresas realizó distintos viajes, hasta trece, con José Luis Ábalos", según Anticorrupción.

EL JUICIO DE FIABILIDAD "NO SE RESIENTE"

De esta forma, según el criterio de la Fiscalía, la información facilitada por Jéssica Rodríguez "resulta fiable", aunque admite que "cabría objetar" que "si bien no ha resultado imputada por estos hechos, su no descartable y potencial responsabilidad obliga a adoptar un estándar de valoración mucho más cauteloso".

"Pero, aun así, el juicio de fiabilidad no se resiente. El testimonio de Jéssica Rodríguez aparece decididamente corroborado en sus aspectos nucleares por numerosos datos de prueba. Es decir, se está apuntando a la eventual responsabilidad de Jéssica Rodríguez, consideración que no puede ser obviada ante este tribunal", añade.

En el caso de Zaldívar, que también declaró como testigo en el juicio del alto tribunal por la presunta contratación irregular de Rodríguez, Anticorrupción indica que "no se ha vulnerado el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismo" porque "no son sus declaraciones las que vienen a motivar su imputación, sino las prestadas por otro testigo", en alusión a Virginia Barbancho, responsable de Tragsatec durante la contratación.

En ese sentido, la Fiscalía recapitula que Barbancho, en un testimonio al que da "plena fiabilidad", detalló como testigo en el Supremo que recibió una llamada de Zaldívar "intimidándola" para "que dejaran en paz a Jéssica Rodríguez, precisándole que el ministro había hablado con la presidenta de Adif (en ese momento Isabel Pardo de Vera, también imputada en esta causa) para mostrarle su desagrado por la situación generada".

"Ignacio Zaldívar reconoció en el acto del juicio el contenido de dicha conversación y cómo, en efecto, había sido requerido por la presidenta de Adif, quien le precisó que había recibido indicaciones del ministro, para que trasladara a los responsables de Tragsatec que no molestaran a Jessica Rodríguez", agrega.

Respecto a su trabajo en Tragsatec, a partir del relato de hechos probados de la sentencia del Supremo, la Fiscalía señaló que Pardo de Vera encomendó a Ignacio Zaldívar algunas "gestiones para procurar la contratación de Rodríguez" sin que fuera necesaria una "entrevista previa".