Almería, 19 ago (EFE).- La Audiencia de Almería ha condenado a cuatro años de prisión a A.N.L., el hombre juzgado por desplegar una intensa campaña de acoso, injurias y amenazas a través de la red social TikTok contra varios jueces, una fiscal y agentes de la Guardia Civil del levante almeriense.
La sentencia dictada por la Sección Tercera, a la que ha tenido acceso EFE, impone al procesado dos años de cárcel por un delito continuado de amenazas no condicionales y otros dos años por un delito de obstrucción a la justicia.
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La resolución da por probado que, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, el acusado publicó hasta 118 vídeos en el perfil público de TikTok "aleisvive" con la finalidad de atemorizar y ofender a las autoridades que habían intervenido en causas penales previas seguidas contra él por violencia de género, quebrantando de manera consciente una prohibición de comunicación vigente desde octubre de 2023.
En estas grabaciones, y entre las amenazas más graves, manifestó su intención de "arrancar los ojos" a los funcionarios y su deseo de meter a una de las juezas en una "jaula de uno por uno, como si fuera un pájaro". También verbalizó que le introduciría la pulsera de control telemático en sus partes íntimas, asegurando que había "perdido el miedo a la cárcel" y que estaba dispuesto a "llevarse por delante" a un juez.
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El fallo lo absuelve de los delitos de atentado a la autoridad, contra la integridad moral y calumnias continuadas de los que también venía siendo acusado. Entre las acusaciones, destaca la ejercida por el abogado Miguel Martínez.
En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar con 15.000 euros a una de las juezas; con 9.000 euros a otro de los jueces afectados, y con 6.000 euros a la tercera magistrada, sumando un total de 30.000 euros por los daños morales causados.
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Asimismo, la sentencia establece la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con estas víctimas, así como con la fiscal del caso y con dos guardias civiles del puesto de Garrucha (Almería).
Las medidas de alejamiento tendrán una duración de hasta siete años y se prohíbe expresamente a A.N.L. publicar comentarios, textos o vídeos sobre ellos en redes sociales durante ese tiempo. El tribunal ordena también el decomiso de su teléfono móvil. EFE
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