Los mossos procesados por la huida de Puigdemont alegan que el Govern no buscaba detenerlo

Barcelona, 28 jul (EFE).- Los tres mossos d'esquadra acusados por ayudar a huir a Carles Puigdemont el 8 agosto de 2024 han esgrimido ante la jueza una respuesta parlamentaria del Govern que mantiene que el objetivo del dispositivo policial de ese día era garantizar la investidura de Salvador Illa, no la detención del expresident.

Los agentes han presentado un recurso, al que ha tenido acceso EFE, contra la decisión de la jueza instructora de dejarlos a un paso de juicio por omisión del deber de perseguir delitos, por colaborar supuestamente en la huida de Puigdemont tras su fugaz regreso el 8 de agosto de 2024, coincidiendo con la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Los mossos d'esquadra, defendidos por el letrado Gonzalo Boye -que también lo es de Puigdemont-, esgrimen en su recurso un "elemento sobrevenido de primer orden", una respuesta del Govern publicada el pasado 22 de julio que a su parecer "acredita que la ejecución de la orden de detención no formaba parte de los objetivos del dispositivo policial desplegado aquel día".

Los investigados reproducen en su recurso el contenido de esa respuesta, en la que el Govern, en base a lo comunicado por la Dirección General de la Policía, sostiene que el dispositivo del 8 de agosto de 2024 tenía como "principal objetivo garantizar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria, preservar la seguridad de las personas asistentes y evitar incidentes de orden público".

Las actividades desarrolladas en el marco de ese dispositivo, añade el escrito, se efectuaron "atendiendo a criterios de necesidad, proporcionalidad y adecuación a las circunstancias concurrentes en cada momento".

En su escrito, el Govern daba respuesta a una pregunta planteada por el grupo parlamentario de Junts que pedía explicaciones por las multas impuestas a varios de los independentistas que trataron de entrar en el parque de la Ciutadella mientras el Parlament celebraba el pleno de investidura de Salvador Illa.

El recurso recuerda que los agentes no estaban de servicio el 8 de agosto de 2024 -uno de vacaciones, otro de permiso y el tercero de baja-, por lo que no formaban parte dispositivo de seguridad y orden público, no tenían asignada ninguna "función operativa" y no recibieron orden ni requerimiento de intervenir.

Para la defensa, "mal puede reprocharse a un agente que no estaba de servicio no haber emprendido lo que la propia estructura policial, en servicio y al mando, no tenía encomendado (antecedente quinto y motivo tercero)".

Y la respuesta del Govern "despoja este reproche de su último asidero", según el letrado, que recuerda que la ejecución de la orden de detención de Puigdemont no figuraba entre los objetivos del dispositivo policial de aquel día, "definidos por quienes ostentaban el mando y la responsabilidad operativa".

"Lo que se estaría reprochando a mis mandantes es no haber acometido, solo, desarmados, sin coordinación operativa alguna y de vacaciones o baja médica, la detención de una personalidad pública en medio de una aglomeración de miles de personas: una acción materialmente inviable, generadora de un riesgo grave y cierto para la integridad de los ciudadanos y del propio agente, y frontalmente contraria a aquellos principios", agrega el recurso.

En ese sentido, insiste el abogado en que el deber de los agentes de detener a Puigdemont, en virtud de la orden dictada por el Supremo, "no impone emprender lo imposible ni lo desproporcionado".

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