El PP equipara el puesto "a medida" de Leire Díez en Correos con el del hermano de Sánchez en Badajoz y ve prevaricación

El PP, que lidera la acusación popular unificada en el 'caso Leire Díez', ha comparado el puesto creado "a medida" para la exmilitante socialista en Correos, donde desempeñó las funciones de directora de Relaciones Institucionales y Filatelia entre 2022 y 2024, con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, por la que acaba de ser condenado por prevaricación administrativa, un delito que atribuyen ahora a Díez.

Así lo ha hecho el partido en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, en el que pide investigar por presunta prevaricación a la exmilitante del PSOE, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la imputación de dos altos cargos de Correos por la creación de un puesto 'ad hoc' para Díez.

En concreto, solicita citar como investigados a José Luis Pérez, "vicesecretario de Correos", y Patricia Álvarez, "subdirectora de Desarrollo Organizativo y de Personas de la empresa pública".

Lo hace después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reflejara en un informe el papel "preeminente" de Serrano en la contratación "estratégica" de Leire Díez en Correos, que los investigadores enmarcaron en la presunta trama de amaños de contratos públicos que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y en la que habrían participado, entre otros, Díez y Fernández, una de las ramas del caso que investiga la Audiencia Nacional.

Tras el informe, en el que se hablaba de que el "posicionamiento" de Díez como directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos "habría sido tratado directamente" por Fernández con Serrano, el juez acordó citar como investigado al expresidente de la empresa pública y exjefe de gabinete de Sánchez.

Ahora, la acusación popular unificada recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz sobre el hermano de Pedro Sánchez y que "ha condenado por prevaricación administrativa la creación de un puesto de empleo público, con el designio de favorecer a una persona determinada, primando el interés particular sobre el interés general y conculcando los principios de mérito y capacidad, mediante una tramitación administrativa 'puramente cosmética' o 'de escaparate'".

Según el escrito, en la creación del puesto de Díez en Correos y el del hermano del presidente del Gobierno concurren "los mismos elementos" que los magistrados de Badajoz consideraron "típicos" para una condena por prevaricación administrativa, esto es, "la resolución en asunto administrativo predeterminada en su resultado", el "diseño de perfil a medida del beneficiario", la "elusión de la publicidad y descarte de candidaturas" y "la prevalencia del interés particular sobre el general".

Todo ello "permite dirigir el procedimiento tanto contra Leire Díez y Vicente Fernández como contra quienes, desde Correos, adoptaron o prepararon decisivamente las resoluciones, en concepto de autores o cooperadores necesarios", argumenta.

Así, para la acusación popular concurren "indicios racionales suficientes de su participación, en concepto de autores, inductores o cooperadores necesarios, de un delito de prevaricación administrativa" por la "creación a medida, diseño y adjudicación" del puesto de Díez en Correos.

DECLARACIÓN DEL FISCAL JEFE DE BADAJOZ

Asimismo, el PP ha reclamado al juez Pedraz que cite a declarar como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso, en relación a una denuncia presentada en dicha provincia contra Díez que finalmente fue archivada.

Así consta en un escrito en el que la acusación popular dirigida por los 'populares' señala que Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica del Ministerio Público cuando Álvaro García Ortiz lo encabezaba, declaró que "habría contactado con el fiscal jefe de Badajoz en relación con dicha denuncia, llegando incluso a trasladar criterios concretos sobre su tratamiento procesal y sobre la conveniencia de su archivo".

Consideran que es "imprescindible determinar" si dichas comunicaciones efectivamente existieron, su contenido concreto, de quién partió la iniciativa y cómo supo Alonso la existencia de dicha denuncia.

También ven necesario averiguar "si se impartieron instrucciones, sugerencias o indicaciones procedentes de la Fiscalía General del Estado, si tales indicaciones influyeron en la elaboración del informe emitido por la Fiscalía de Badajoz, si existen correos electrónicos, mensajes, notas, oficios o cualquier otro soporte documental relacionado con dichas comunicaciones".

Para ello, reclaman que el Ministerio Público remita al juzgado la copia "completa e íntegra del expediente relativo a la denuncia presentada" contra Díez, incluyendo la denuncia original, los informes, dictámenes, acuerdos o resoluciones, entre otros documentos.

También solicitan la copia íntegra de "todas las comunicaciones relacionadas con la denuncia, mantenidas entre cualesquiera fiscales, funcionarios o responsables del Ministerio Fiscal que hubieran intervenido en su tramitación", como correos electrónicos corporativos, registros de llamadas, videoconferencias o reuniones, comunicaciones internas o informes, entre otros.