Barcelona, 23 jul (EFE).- La Fiscalía mantiene su petición de catorce años de prisión e inhabilitación para un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja, incendiar su casa y matar como consecuencia a sus dos perros en 2025, cuando ya pesaba sobre él una orden de alejamiento.
También solicita para el hombre, acusado de delitos de quebrantamiento de medida cautelar, de agresión sexual, de daños por el incendio y de muerte animal, diez años de libertad vigilada y una indemnización de 12.925 euros.
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La petición de la Fiscalía incluye, además, la prohibición de realizar actividades que conlleven contacto con menores durante siete años y de tener o ejercer profesiones relacionadas con animales durante ocho años, demandas que comparte la acusación particular.
El ministerio fiscal ha elevado así a definitivas sus peticiones iniciales de pena en el juicio que ha finalizado este miércoles en la sección 22 de la Audiencia de Barcelona con las últimas declaraciones de los testigos y del acusado, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas.
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El inicio de los hechos enjuiciados se remonta al 31 de marzo de 2025, dos semanas después de que el Juzgado de Violencia sobre la mujer número 1 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) impusiera al hombre la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de su expareja como respuesta a una denuncia interpuesta el 7 de marzo.
La madrugada del día 31, con la orden de alejamiento todavía activa, el acusado accedió a la vivienda de la víctima, fue a su cama y empezó a tocarle el cuerpo mientras llevaba los pantalones bajados, momento en el que ella se despertó y él salió corriendo del domicilio.
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Al día siguiente, 1 de abril, el procesado volvió a la casa de su expareja y provocó un incendio mediante cuatro focos con la intención de generar “el mayor perjuicio posible a la misma a través de la causación de daño a la vida de los animales”, que sabía que se encontraban en el interior de la vivienda, señala el escrito de la Fiscalía.
Ese mismo día, el acusado fue detenido y se acordó su ingreso en prisión provisional, además de la prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por ella.
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También se estableció la prohibición de que permaneciera o residiera en la localidad de Corbera de Llobregat (Barcelona), medidas impuestas hasta la terminación de la causa por resolución firme. EFE
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