La ley que permite que las lenguas no oficiales sean especialidad docente sale a consulta

Madrid, 23 jul (EFE).- El real decreto que permitirá que las lenguas no oficiales, pero con reconocimiento legal en sus estatutos autonómicos -como el asturiano o el aragonés- puedan ser especialidad docente, está en fase de consulta pública previa hasta el 31 de julio.

Con esta nueva ley, que modifica tres decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias, centenares de docentes que imparten estas lenguas, protegidas jurídicamente en los estatutos de sus comunidades autónomas, podrán presentarse a oposiciones para cubrir estas plazas.

En el caso del asturiano, el reconocimiento de esta especialidad docente dará estabilidad a más de 300 profesores y profesoras interinos que llevan impartiendo el asturiano y el eonaviego (mezcla del gallego y asturiano) como lengua optativa, una asignatura que nació hace cuarenta años.

El texto de la nueva norma, que recaba la opinión de personas y organizaciones que se vean afectadas, argumenta que la inexistencia de estas especialidades compromete la adecuada integración de estos docentes en el régimen general de la función pública docente.

"En particular, impide que las plazas puedan proveerse mediante los procedimientos ordinarios de acceso previstos en la legislación básica y dificulta la planificación de las plantillas de los centros educativos, así como la cobertura de vacantes y sustituciones. Además, obliga a atender necesidades permanentes de personal mediante mecanismos de provisión de carácter temporal", señala el decreto, que no requiere pasar por las Cortes Generales.

Hasta ahora el reconocimiento de especialidad docente estaba contemplado en la ley solo para las lenguas cooficiales pero no para aquellas que tenían reconocimiento jurídico y especial protección estatutaria a efectos de enseñanza.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes confía en que el decreto esté plenamente en vigor en un plazo de 5 o 6 meses y la creación de la especialidad, a efectos de su inclusión en el currículo y de su docencia en los centros, se tendrá que hacer posteriormente por la Comunidad Autónoma.

El Ministerio recuerda que la Constitución Española reconoce, en su artículo 3.3, que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección y añade que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias también insta a que, en los territorios en los que se hablen dichas lenguas, los Estados signatarios basen su política, su legislación y su práctica, en la provisión de medios adecuados para su enseñanza.EFE