El Gobierno rechaza que el Plan de Vivienda invada competencias de Andalucía o Extremadura

Madrid, 21 jul (EFE).- El Gobierno ha rechazado el requerimiento de incompetencia que los gobiernos de Andalucía y Extremadura presentaron contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 al considerar que el decreto que lo regula respeta plenamente las competencias autonómicas en esta materia.

Así lo indica en sendos acuerdos del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, contra los requerimientos de incompetencia que presentaron la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura contra con el Real Decreto 326/2026, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda.

Andalucía y Extremadura consideraban que el plan vulneraba el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas y que la descripción de las actuaciones protegibles impediría cualquier margen de maniobra a la comunidad autónoma, entre otros aspectos.

También basaban sus requerimientos, recuerda el Gobierno, en la necesaria presencia o autorización del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en las actuaciones de promoción, publicidad e información de las actuaciones de ese plan.

El acuerdo del Consejo de Ministros defiende que el plan "no regula con carácter general la política autonómica de vivienda, sino las condiciones de un instrumento estatal de financiación".

Y lo hace, añade, en línea con la jurisprudencia constitucional en la materia "y con pleno respeto a la competencia autonómica en materia de vivienda".

Recuerda además la sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, y rechaza que la norma prive de capacidad de decisión a las comunidades autónomas.

La sentencia del TC, destaca el Gobierno, sostiene que el legislador estatal tiene atribuidas competencias para definir los fines y objetivos prioritarios que serán objeto de financiación estatal y que ello no impide que las comunidades establezcan sus propios objetivos y prioridades al configurar sus políticas de vivienda. EFE